Por Mendelevio

En 2019 nos despertamos con una nueva subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en muchas ciudades españolas. Si todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho como dice la Constitución ¿por qué se graba el ejercicio del mismo? Nos posicionamos en contra de nuestra clase política, que proclama derechos constitucionales sobre el papel, y luego asfixia fiscalmente dichos derechos, para mantener su modo de vida parásito. Lo vimos con el impuesto sobre la constitución de hipotecas, cuando denunciamos como el doctor Sánchez en vez de suprimirlo para la compra de la primera vivienda habitual, simplemente lo adscribió a la banca, la cual todos sabemos que de una forma u otra lo trasladará al comprador. Lo hemos visto con el fin de las reducciones al alquiler o a la compra de vivienda habitual. Ahora lo vemos con otra subida del catastro.

Somos partidarios de una fiscalidad suficiente que financie los servicios públicos, corrija desigualdades y reactive la economía en momentos de crisis. Los poderes públicos deben tener por objetivo promover la justicia social en las sociedades que administran, y ello no lo consiguen poniendo trabas a sus ciudadanos en el acceso a una vivienda, sino todo lo contrario.

Impuestos a la constitución de hipotecas y a la posesión de inmuebles SÍ. Pero NO sobre la vivienda habitual, residencia del núcleo familiar. SÍ a los impuestos sobre viviendas que son acaparadas por grandes compañías inmobiliarias o entidades bancarias, para mantener elevados los precios de las mismas. SÍ a los impuestos a las viviendas adquiridas por grupos financieros o particulares con fines especulativos. SÍ a los impuestos a las viviendas cerradas y sin uso. SÍ a impuestos más altos sobre las viviendas alquiladas sólo por pequeños periodos de tiempo (pisos turísticos) frente a los que son alquiladas por periodos más largos (uso residencial), por el valor que adquieren estas como materialización de un derecho, el de la vivienda, en este caso en régimen de alquiler.

Los poderes públicos deben garantizar el derecho a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, fomentando y favoreciendo el uso de los inmuebles para estos fines por medio de una fiscalidad baja. Los impuestos deben ser más altos para el uso de la vivienda para otros fines. Además, la vivienda en propiedad se convierte para muchas personas en su principal forma de ahorro, y más en los tiempos de incertidumbre que vienen sobre el sistema de pensiones, por ello no se puede penalizar la posesión de la vivienda habitual, convirtiéndola en una carga para los propietarios.

Si queremos que nuestras empresas sean competitivas y se reactive la demanda interna, no podemos basarnos en un modelo laboral injusto y suicida a largo plazo basado en la merma de poder adquisitivo de los trabajadores. Ciudades con una vivienda asumible facilitan la movilidad laboral, no presionan al alza sobre los salarios y además facilitan la formación de familias y la reposición demográfica, pero nuestros políticos no piensan en esto cuando fijan los impuestos. Su único interés son sus sueldos y mantener la red clientelar de subvenciones y sobrecostes en contratos públicos.

De quién y cómo resulta ser dictador para Pedro Sánchez

Por Fernando Valbuena
publicado en El Periódico Extremadura (01/12/2018)

Según Pedro Sánchez, de momento, no habrá elecciones. Lo que no aclara es si se refiere a Cuba o a China. Ignorancia o maldad. La maldad suele ser hija predilecta del más rampante interés. No hace falta ser doctor en nada para saber que las revoluciones socialistas prescinden del siempre engorroso trámite de escuchar la opinión de las masas sojuzgadas. Ignorancia o maldad. Una de dos. No se me ocurre otra causa a la que atribuir el comportamiento de algunos.

De un presidente de gobierno se espera un mínimo de coherencia. ¿Desconoce acaso Pedro Sánchez que en China, según Amnistía Internacional, se detiene de manera arbitraria y se tortura a los disidentes? ¿Desconoce que es el mayor verdugo del mundo? ¿Desconoce que desconocen lo que es celebrar elecciones libres? ¿Desconoce, pongamos por ejemplo, que allí se practica de manera sistemática la extracción de órganos de presos de conciencia sin siquiera su autorización? ¿Desconoce que tanto Cuba como China fueron, y siguen siendo, dos dictaduras? Si lo desconoce es ignorante, pero, si lo conoce, es algo aún peor. Pedro Sánchez lleva dándonos la matraca con la exhumación de los restos de Franco desde que aterrizó en la Moncloa. A moro muerto toda lanzada es pequeña. Parece que hubiera dictadores 1.0 y dictadores 2.0, según convenga al trepa de turno. El presidente, obviamente, usa una doble vara de medir; y la de mentir a conveniencia. ¿Ignorancia o maldad? Pero no descarten nada. Dados sus pobres antecedentes académicos todo es posible.

Juan Ignacio Zoido, siguiendo los pasos de sus anterior jefe Mariano, se ha reunido varias horas con amiguetes y correligionarios en un restaurante sevillano. Como no podía ser de otra manera en el PP hispalense, el exalcalde, exministro y ahora pretendiente al parlamento autonómico, ha congregado a sus amigos pijos, en un bar pijo del barrio pijo de Sevilla.

Presa del pánico desatado ante las amenazas naranjas y verdes, los azul desteñido han trasegado canapés de diseño y gin tonics en copa balón, afición muy arraigada durante su mandato municipal, para cerrar filas ante el nuevo fracaso electoral que se les viene encima. Es lo único que ha hecho Zoido en esta campaña regional, donde todo el protagonismo ha correspondido al mamporrero de Arenas.

“Jornada de reflexión” donde hay poco que reflexionar para quien de verdad esté preocupado por el futuro del país y de la región, a qué darle más vueltas, la última de Europa en muchos parámetros sociales y económicos, por mucho que la hija del honrado fontanero se empeñe en maquillar y lanzar al viento sus frases huecas de spot publicitario.

Por Mendelevio

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 47, Constitución Española.

Desde <fa> criticamos sin tregua el modelo fiscal que carga la recaudación sobre tasas e impuestos indirectos (al consumo) mientras es más baja la presión en los impuestos directos (renta y riqueza).