Nuestra organización condena sin paliativos el acto de violencia mortal sufrido por nuestro compatriota Manuel G. C. en el barrio madrileño de Villaverde. Su absurda e inútil muerte es un síntoma que apunta a que nuestra sociedad esta fracasando en su proceso de integración de sectores importantes de la población inmigrante.
Es probable que parte del problema surja de la confrontación de dos maneras de vivir. La importada de ciertos ambientes extremadamente violentos que han sufrido los inmigrantes en sus países de origen, donde lo que se quiere o se necesita se tiene que coger por la fuerza, y la propia de la juventud de nuestro país, acostumbrada a la vida relativamente fácil a que les empuja una sociedad que, sin ofrecer horizontes, sí pone a la vista un mundo de diversión y consumismo, a menudo inalcanzable, que genera en los jóvenes necesidades irreales y frustraciones muy reales.
Los inmigrantes llegados a nuestro país en ocasiones deben pensar que es posible acceder a las aparentes comodidades de nuestra sociedad a través de métodos poco frecuentes en España, tales como la violencia tribal de las bandas juveniles o el uso de la fuerza como herramienta de comunicación cotidiana en la calle. El cóctel resultante es explosivo y sus consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que cabe suponer.
En estos tiempos nos jugamos nada menos que nuestra convivencia futura y nuestro modelo de sociedad. Ante una sociedad multicultural, enfrentada y en la que cada parte esgrime armas y barreras contra los otros, debemos propiciar la creación de una sociedad abierta y mestiza, donde todos los miembros de la sociedad, con independencia de su procedencia, estén sujetos a las mismas normas y se comporten como miembros responsables de un mismo todo. Cerrar los ojos ante la proliferación de bandas de determinadas nacionalidades sin acometer su eliminación de manera metódica y a través de medios legales es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que pasara una factura muy grande que pagarán, en su mayor parte, los propios inmigrantes, con exclusión social y rechazo por parte de los nacionales.
La integración de los inmigrantes es una necesidad urgente y las autoridades han de ponerse, ya, manos a la obra para hacer de la llegada de inmigrantes a España un fenómeno enriquecedor y no un problema social de inciertas consecuencias. Procesos como la regularización recién finalizada debieran aportar a las autoridades datos e información sobre la población radicada en España muy útil para poner freno a las bandas organizadas de la nacionalidad que sea, y los medios de control tanto policial como asistencial debieran ser lo suficientemente rigurosas para no dejar en el limbo bolsas de población, cada vez mayores, susceptibles de convertirse en grupos delictivos autoidentificados por motivos raciales o de origen nacional.
Las soluciones a este problema, con seguridad, no pasan por enfrentar a las bandas de cualquier nacionalidad, bandas españolas. El Estado tiene herramientas de control y ha de crear medios de integración, que podrán atacar la raíz de este problema para no tener que enfrentarse en un futuro muy próximo a sus consecuencias. Consecuencias que no serán otras que la inseguridad ciudadana, la creación de guetos, la xenofobia y, en los casos más extremos, la violencia y las muertes.
La vida en comunidad, vivida de manera responsable y presidida por la justicia y la solidaridad, es un objetivo que no puede conseguirse con la inhibición de los poderes públicos y con la dejación de sus responsabilidades. Dejando que sean las partidas vecinales, el Movimiento contra la Intolerancia o las propias bandas juveniles las únicas que den importancia a este fenómeno creciente en nuestras poblaciones, las administraciones se hacen responsables de lo que pueda ocurrir y que nadie, excepto los grupos políticos xenófobos, quieren que ocurra. Algo tan triste e indeseable como la división definitiva de nuestra sociedad entre españoles e inmigrantes.