A pesar de ser sobradamente conocidas las devoluciones en caliente por parte de Turquía, lejos de rasgarse las vestiduras, como ha hecho otras veces, la UE firmó un acuerdo en virtud del cual se aprueba deportar a Turquía a todos los refugiados que lleguen a Grecia de forma irregular. A cambio, Ankara recibirá financiación europea.

El acuerdo firmado por la Unión Europea y Turquía pone de manifiesto la demagogia y la pérdida de valores de las políticas ejercidas por la UE, de forma más flagrante si cabe. Llevamos tiempo denunciando el falso rasero en el que se sostiene la democracia europea.

Cuestionar la existencia de la Nación española, además de ser un atentado contra la verdad histórica, constituye una acción de grave irresponsabilidad política. Por mucho que quieran enmascararlo con hipócritas defensas de la integridad y continuidad del Estado, quienes definen a España como una realidad  plurinacional o nación de naciones, no hacen sino barnizar con un falaz argumento a la vieja y perseverante intención de la extrema izquierda, de negar la existencia de España en su neurótica alianza con las minorías separatistas regionales.

España es el primer estado nacional de Europa, con más de quinientos años de existencia y ha sido reformulado a lo largo del tiempo, según las corrientes ideológicas en boga durante los distintos períodos históricos.

Falange Auténtica tiene a la defensa de la Unidad nacional como uno de los pilares que sustentan su programa político, porque la consideramos el marco imprescindible para el desarrollo de las libertades, individuales y colectivas, de los ciudadanos que habitan en nuestro País y porque asumimos nuestra historia y queremos seguir juntos. Estamos convencidos que si España se rompiera, ello no implicaría únicamente el simple hecho de arriar una bandera e izar otra en un determinado territorio de nuestra Patria. Antes al  contrario, estamos seguros que tal acto supondría una merma inmediata de los derechos de las personas que habitaren en dichos territorios, porque quedarían a merced de las corruptas oligarquías regionales o de fuerzas totalitarias que defienden paradigmas cuya perversa naturaleza y efectos ya han sido suficientemente probados en la historia reciente.

Desde Falange Auténtica nos sumamos a las peticiones de la nueva presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD), Aurelia Jerez, que insta al nuevo Gobierno, por constituirse, a “habilitar una dotación presupuestaria acorde a las necesidades de la atención a la dependencia, suprimir los copagos y unificar los criterios de valoración y las prestaciones entre las distintas comunidades autónomas”.

La falta de compromiso del Gobierno del PP, con uno de los colectivos “más débil y frágil de nuestra sociedad”, en declaraciones de la portavoz de la Coordinadora, ha llevado a miles de personas a “una dramática situación”. A día de hoy, 127.000 personas dependientes han muerto esperando una ayuda que les corresponde por ley. Y añadimos, en justo cumplimiento de la justicia social inseparable en una democracia saneada y avanzada.

FA denuncia los recortes presupuestarios aplicados a la atención a la dependencia, por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, más de 2.000 millones de euros, mientras observamos como leyes creadas para tal uso, permiten que las fundaciones de los partidos se repartan miles de euros entre enchufados, amigotes y afiliados, dejando exhaustas las partidas presupuestarias más necesarias.

Falange Auténtica valora positivamente el índice de participación registrado en las elecciones autonómicas de Cataluña, celebradas el pasado 27 de febrero, y muestra su preocupación por el triunfo de la coalición soberanista CDC-ERC.

La Generalitat de Cataluña se ha convertido en una institución del Estado español peligrosamente instrumentalizada por los partidos secesionistas, que la utilizan como plataforma para obtener avances en el denominado “proceso soberanista”.

Falange Auténtica considera que estos partidos incurren permanentemente en delitos tipificados por nuestro ordenamiento jurídico, y que la inacción del Gobierno central y del Poder Judicial no tiene más efecto que generar un clima de impunidad para sus actuaciones.