En más de una ocasión hemos oído al Presidente Rodríguez Zapatero y a distintos miembros del actual ejecutivo afirmar, para justificar la retirada española de Iraq, que no se pueden tomar decisiones en contra del sentir mayoritario de los ciudadanos, aludiendo a la postura de apoyo a la intervención militar norteamericana por parte del Gobierno Aznar. ¿Es coherente ahora que Zapatero y sus ministros estén dispuestos a acercarse a las tesis marroquíes sobre el Sahara, en abierta contradicción con la opinión pública española?

El primer Gobierno de Juan Carlos de Borbón abandonó a su suerte a la población del Sahara, que sufrió la ocupación militar por parte de Marruecos. La ONU apostaba por una descolonización ordenada, reconociendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, pero las autoridades españolas hicieron una auténtica dejación de su responsabilidad, dejando de facto a los saharauis bajo dominio marroquí.

Desde entonces, miles de saharauis sufrieron la persecución de la tiranía alahuita y un duro exilio. Durante años, los refugiados han resistido en poblados ubicados en el desierto argelino, sobreviviendo con la ayuda humanitaria internacional.

El pueblo español es, sin duda, el de mayor activismo prosaharaui en todo Occidente. En cada rincón de la geografía española existe alguna iniciativa o algún colectivo solidario, quizá por esa mala conciencia que persiste por el pésimo papel que protagonizaron nuestros gobernantes en 1975. Sin embargo, todos y cada uno de los Gobiernos que han existido en España desde entonces han estado, en mayor o menor medida, alejados de ese sentir popular, por miedo a incomodar a Marruecos.

El "Plan Baker, surgido en el marco de las iniciativas de Naciones Unidas, pretendía resolver la situación de los saharauis mediante un referéndum de autodeterminación aceptado por las partes. La base de esa consulta había de ser el último censo español, como instrumento más fiable, debidamente actualizado con los descendientes de aquella población. Marruecos, posiblemente como consecuencia de la presión internacional y hostigado por la lucha del Frente Polisario, aceptó aquella vía del Plan de Paz, en los Acuerdos de Houston y en los posteriores acuerdos complementarios de 1999, mientras el Polisario cesaba en sus acciones armadas. Sin embargo, posteriormente Marruecos, en la práctica, ha bloqueado esta posible solución con mil argucias, entre ellas una auténtica batería de millares de reclamaciones contra el censo, que hacían inviable la realización de la consulta popular en un plazo razonable.

Surgió posteriormente el llamado "Plan Baker II, que a grandes rasgos contemplaba una autonomía saharaui bajo soberanía marroquí, pero con una futura consulta de autodeterminación. A pesar de no ser fruto de un pacto, el Frente Polisario sí hizo el esfuerzo de aceptación de esta vía, lo que supuso una gran concesión por su parte, en aras a la resolución de este prolongado conflicto. Pero Marruecos ha seguido incumpliendo lo que en su momento aceptó, y actualmente asegura que su soberanía sobre el Sahara es incuestionable y que no aceptará ninguna salida que no parta de ese principio, algo que contradice todas las resoluciones de la ONU sobre el asunto.

Rodríguez Zapatero ha asegurado recientemente que hay que buscar una nueva solución que pueda satisfacer a todas las partes y, en sus manifestaciones, ha dado por enterrado el Plan de Paz reflejado en la segunda iniciativa Baker. Las declaraciones del Presidente español han cosechado significativamente el aplauso unánime de los medios marroquíes, pero la preocupación y el rechazo del Frente Polisario y de las numerosas asociaciones solidarias existentes en nuestro país. Zapatero ha dado un giro más a la postura española y ha aumentado así la lejanía entre la actitud gubernamental ante el conflicto saharaui y la sensibilidad del pueblo español sobre el problema.

Desde Falange Auténtica creemos que, aun a riesgo de disgustar a nuestro vecino marroquí, España debería adoptar una postura justa, valiente y decidida de apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas, en las que se rechaza que la condición de administrador colonial pueda ser transferible, en las que no se reconoce ningún derecho de soberanía a Marruecos por la ocupación militar que viene realizando del territorio saharaui, y en las que se proclama el derecho de los saharauis a decidir libremente su futuro.

Los miles de hombres y mujeres que tienen el español como segunda lengua y que, en los campamentos de Tinduf, sueñan con regresar algún día a su Patria, se merecen de España algo más que declaraciones contradictorias. Y este pueblo español, que se siente solidario con sus hermanos saharauis, se merece que su gobierno no siga encadenando errores y responsabilidades históricas en este conflicto.


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