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"IGLESIAS PORTAL, EL JUEZ QUE CONDENÓ A JOSÉ ANTONIO"
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Hoy, 30 de marzo de 2006, el Congreso de los Diputados ha dado su visto bueno al texto del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aunque la versión que sale de la Cámara Baja ofrece importantes novedades en relación con la propuesta que emanó del parlamento autonómico, se mantienen en la misma aspectos que consideramos sumamente negativos, como la calificación de la comunidad autónoma catalana como "nación, la obligatoriedad jurídica de conocer el catalán, el intervencionismo del poder autonómico en todos los ámbitos de la sociedad, el establecimiento de una carta de derechos ciudadanos diferente de la proclamada por la Constitución para todos los españoles, o la fragmentación del sistema judicial español, entre otros muchos.


Una de las múltiples pancartas colocadas esta mañana en Madrid

Lo más grave, sin duda alguna, es la introducción del concepto "nación como definición de la identidad de Cataluña. Es cierto que ese término es polisémico y que puede responder también a una noción puramente cultural. Pero precisamente porque esto es así, porque la expresión es ambigua, debería haberse evitado su utilización en un texto como éste. Las palabras sirven para entendernos, y utilizar una palabra que cada uno entiende de forma distinta no parece lo más razonable. Pero, además, con mayor motivo en un texto legal las su tenor literal tienen que ofrecer una interpretación clara, por pura seguridad jurídica y para evitar que en el futuro alguien quiera darles un alcance distinto del que los redactores pretendieron.

Como excusa, el gobierno del PSOE se aferra a esa idea de nación como identidad cultural y no como equivalente a sujeto de soberanía. Pero sus socios del PSC y sus aliados de CiU se han apresurado a proclamar que ellos sí entienden el concepto como sujeto de decisión. Y ERC ha manifestado sin ambages que para ellos no es más que un primer paso hacia la consecución de un Estado propio. Por tanto, si los nacionalistas lo consideran un paso hacia el secesionismo, ¿qué sentido lógico tenía que el gobierno y el parlamento españoles accedieran a dar precisamente ese paso?

Las autonomías se presentaron en su momento como un pacto para vertebrar el Estado, como un marco que intentara conciliar distintas aspiraciones, un modelo de consenso, equidistante de las dos posturas más extremas: el centralismo y el separatismo. Pero los nacionalistas nunca interpretan estas concesiones del Estado como un intento generoso de buscar la convivencia entre distintas visiones territoriales ni lo consideran un punto de llegada. Siempre lo ven como una cesión, como un logro que les invita a seguir reclamando más en el futuro.

Desde hace casi treinta años, todos los pasos que se han dado en el modelo territorial español son siempre en el mismo sentido: en el de mayor desintegración, en el de mayor desvinculación educativa y cultural de las nuevas generaciones respecto a la idea de España como proyecto común. Nunca se plantea lo contrario, que el Estado intente dar algún paso en el sentido de mayor vertebración nacional, de mayor igualdad ciudadana e interterritorial. El Estado articula instrumentos de autogobierno regionales, pero no exige siquiera una mínima lealtad institucional en su utilización.

Sin embargo, esta concesión que ahora hace el PSOE de Rodríguez Zapatero, jaleado como no podía ser de otra forma por todos los grupos nacionalistas, es un salto cualitativo sumamente peligroso. Porque el reconocimiento de que Cataluña es una nación será, en algún momento, la base sobre la que se fundamenten las aspiraciones soberanistas del futuro.

El presidente del gobierno ha tomado sólo en consideración el mantenerse en el poder y lograr uno de los objetivos que se había planteado para este mandato. Pero no ha tenido visión de Estado, al pagar un precio tan alto y permitir este esencial avance de las visiones separatistas.

Es cierto que cuando se apruebe definitivamente el Estatuto catalán no pasará nada. Queremos decir que no pasará nada especialmente visible e inmediato, con lo que quienes hemos manifestado nuestra oposición al texto seremos tachados de agoreros y se nos dirá que España no se ha desintegrado pese a nuestros temores y advertencias. Pero a medio o largo plazo, es evidente que los nacionalistas han conseguido sentar un cimiento de su proyecto secesionista, mientras que, otra vez, el Estado ha retrocedido, esta vez por puros intereses de partido, vinculados a coyunturas electoralistas.

Frente a esto, el PP ha buscado también su réditos electorales inmediatos con el discurso opuesto, y tampoco ha hecho un planteamiento didáctico y sensato de la cuestión. Su iniciativa de recoger firmas para un imposible referéndum sobre si a los ciudadanos les parece conveniente que España sea una sola nación es un planteamiento totalmente inaceptable. La existencia de España no es cuestión opinable, no es materia de pura conveniencia. Como dijo un joven diputado de la II República, precisamente el fundador de Falange Española José Antonio Primo de Rivera: "la nación no es una entidad física individualizada por sus accidentes orogáficos, étnicos o lingüísticos, sino una entidad histórica, diferenciada de las demás en lo universal por una propia unidad de destino. España es la portadora de la unidad de destino, y no ninguno de los pueblos que la integran. España es pues, la nación, y no ninguno de los pueblos que la integran. (...)España es irrevocable. Los españoles podrán decidir acerca de cosas secundarias; pero acerca de la esencia misma de España no tienen nada que decidir. España no es nuestra, como objeto patrimonial; nuestra generación no es dueña absoluta de España; la ha recibido del esfuerzo de Generaciones y generaciones anteriores, y ha de entregarla, como depósito sagrado, a las que la sucedan. Si aprovechara este momento de su paso por la continuidad de los siglos para dividir a España en pedazos, nuestra generación cometería para con las siguientes el más abusivo fraude, la más alevosa traición que es posible imaginar. Con todo, es enteramente comprensible la reacción ciudadana de los tres millones de españoles que han estampado su firma, pidiendo tener voz en un proceso que les preocupa. Aun cuando consideremos inadecuada la iniciativa del PP y el planteamiento de la misma, ciertamente el problema no es esa recogida de firmas, sino la progresiva consecución de los objetivos nacionalistas.

Desde Falange Auténtica, codo con codo con todas las organización cívicas que defienden la unidad nacional, seguiremos defendiendo que España, que fue históricamente un proyecto aunador de pueblos diversos en un destino compartido, siga preservando para el futuro ese concepto integrador de una Patria común.


Reparto de panfletos el pasado fin de semana contra la aprobación del Estatuto


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