Desde su creación, Falange Auténtica ha venido prestando atención al grave problema de la vivienda en nuestro país y en los últimos meses ha puesto en marcha una específica campaña de denuncia.

 

FA señaló ya en su día la falacia que supone considerar que el coste de la vida sube realmente lo que marca el IPC general y, consecuentemente, aumentar los salarios con esa referencia. El porcentaje que la adquisición o tenencia de una vivienda supone sobre el total de los ingresos familiares ha crecido de forma mucho más elevada, y ello incide de forma muy directa en la vida cotidiana y en la economía doméstica.

 

En los últimos años, la vivienda se ha convertido en un problema acuciante, una cuestión que está entre las principales preocupaciones de los españoles. En tercer lugar, después de la inmigración y el paro, y por encima del terrorismo, los encuestados en el barómetro del CIS de septiembre de 2006 citan el problema de la vivienda, que casi alcanza un 21 %. Y, sin embargo, los grandes partidos no tienen ningún interés en convertirlo en objeto del debate político, lo que pone de manifiesto el divorcio existente entre los intereses ciudadanos y los de una clase política que vive de espaldas a los mismos.

El PSOE no quiere que se hable de vivienda porque, tras haber utilizado esta cuestión en la campaña electoral, no ha sido capaz, no ya de solucionarlo, sino tan siquiera de abordarlo desde una actuación política mínimamente seria. En lugar de impulsar la coordinación de las políticas de vivienda regionales, el actual gobierno creó un innecesario Ministerio de la Vivienda como gesto de cara a la galería, cuando estamos ante una materia transferida a las Comunidades autónomas. Fue degradando su promesa cuantitativa de construir 800.000 viviendas en la legislatura a realizar 800.000 actuaciones, luego a soluciones habitacionales (todo un hallazgo del politiqués, esa jerga levemente parecida al castellano) y finalmente... a prácticamente nada. Su plan de choque parece que se limita a incrementar en 79.000 el número de viviendas protegidas. El pasado mes de octubre, se informaba que la Sociedad Pública de Alquiler había conseguido gestionar unas 2.000 alquileres desde su creación, gastando para ello cifras multimillonarias en la puesta en marcha de la propia agencia estatal. La ministra Trujillo nos obsequió con ocurrencias como los minipisos de 30 m2 y una campaña, la de las zapatillas kelyfinder, que ofendía la inteligencia y resultaba un auténtico sarcasmo. Al final, todo se reduce a esperar pacientemente a que se consolide la llamada desaceleración, es decir, a que la vivienda siga subiendo de precio... más lentamente. Mucho nos tememos, sin embargo, que un posible estancamiento de los precios de la vivienda pueda venir acompañado por el contrapeso de la subida de tipos de interés, lo que al final seguirá haciendo la compra de una casa algo inaccesible para muchas personas.

 

Pero si el PSOE defraudó a quienes confiaron en que se tomaría en serio este importante problema, el PP no encuentra fuerza moral para denunciar la situación. Y es que la burbuja inmobiliaria es precisamente una de las peores herencias de su ejecutivo. Si el principal partido de la oposición se atreviese a afear al gobierno su gestión por el hecho de que el precio de la vivienda suba, el gobierno actual le recordaría las cifras de incremento durante el mandato del anterior ejecutivo, esa época en la que Álvarez Cascos declaraba sin rubor que si la vivienda estaba cara era porque los españoles podían pagarla. Así las cosas, el Partido Popular prefiere guardar un prudente silencio y, mientras tanto, los ciudadanos siguen sin tener una voz que les represente y que plantee este problema con decisión en el parlamento.

 

Es cierto que parte de una juventud, habitualmente desmotivada y desmovilizada, ha sido capaz de salir en los últimos meses a la calle, en unas manifestaciones que han contado con la expresa adhesión de Falange Auténtica, pero también lo es que la extrema izquierda intenta siempre monopolizar este tipo de iniciativas, algo que incomoda y ahuyenta a los muchos millares de jóvenes que padecen el problema de la vivienda sin necesidad de ser okupas o punks y que podrían unirse a estas acciones si las mismas tuvieran un perfil más abierto. En todo caso, no parece que esta movilización ciudadana haya preocupado hasta ahora a las oligarquías de los partidos, por lo que sería muy positivo que creciese en alcance y entidad hasta conseguir inquietar realmente a la clase política, y en ese aspecto seguirá contando con nuestro respaldo.

 

Como FA ha manifestado repetidamente y los colectivos de defensa de una vivienda digna vienen proclamando, la vivienda no puede seguir siendo simplemente un negocio, porque está en juego el ejercicio de un derecho constitucional.

 

Ante una situación así, no se entiende tampoco como la compra de algo tan básico como la vivienda habitual continua tratándose como un hecho imponible con trascendencia tributaria (IVA en el caso de vivienda nueva o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la usada). Si ya es cara de por sí la vivienda, no parece muy razonable que su adquisición se convierta en fuente de financiación para las administraciones públicas, con el consiguiente encarecimiento de un 7 % adicional. Por otro lado, los que no somos expertos, sino ciudadanos de a pie, no entendemos por qué hay que pagar dos veces por el mismo dinero: una cuando ganas ese dinero (impuestos directos) y otra cuando te lo gastas (impuestos indirectos), máxime si lo que compras en este caso no es un objeto de lujo sino tu propia vivienda familiar. Si los gobiernos nacional y regionales quieren de verdad que las viviendas resulten más asequibles, que empiecen ellos por dar ejemplo y que no sigan cobrando por adquirir la primera vivienda.

 

Pero no sólo las administraciones autonómicas y estatal encarecen la vivienda con su política fiscal. También las entidades locales contribuyen notablemente a este despropósito y no sólo mediante el IBI, que grava de por vida la propiedad de la vivienda y no siempre con criterios razonables, sino, muy especialmente, mediante la utilización el suelo como instrumento de financiación municipal ante la ausencia de otros recursos, algo de lo que se está hablando mucho estos días al hilo de los enésimos episodios de corrupción inmobiliaria que han salpicado a varios consistorios. Se impone una reforma en profundidad de la legislación urbanística y de los controles de la planificación y ejecución, así como una buena Ley de Haciendas Locales que dote a los Ayuntamientos, como administración cercana al ciudadano, de fondos suficientes para ejercer su papel, de forma que el suelo no siga encareciéndose por estas circunstancias.

 

Hay otros muchos aspectos en los que los poderes públicos pueden y deben intervenir: regulación del mercado hipotecario, política que favorezca créditos sociales para primera vivienda, intervención legislativa para que no sea el mercado quien vaya determinando cuál es la superficie habitable, legislación sobre alquiler, etc.

 

Los poderes públicos deben, además y muy especialmente, desarrollar políticas de vivienda protegida de gran alcance. El problema de la vivienda es de tal entidad que Estado y Comunidades autónomas deberían articular conjuntamente un verdadero plan de choque que tuviese capacidad real de influir en el mercado y de llegar a un número amplio de familias y no a minorías. Y, además, tendrían que arbitrar medidas para acabar con el fraude y la venta ilegal de viviendas protegidas a precio de mercado. Claro que eso exigiría que los dirigentes políticos dejasen de lado las conveniencias partidistas coyunturales y, aunque quede cerca el horizonte electoral, buscasen el interés general. Algo que, visto lo visto, parece mucho pedir.

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