¿Y qué?

Esas dos palabras casi serían lo único que tendríamos que decir ante el nuevo comunicado de los asesinos.

 

Hubo un tiempo en este país en el que en los medios informativos y en los ámbitos políticos se tenía la sana costumbre de no difundir ni comentar las notas de los etarras, costumbre que, inexplicablemente, se ha roto desde hace algún tiempo.

 

A quienes hablan con la violencia, la sociedad no puede concederles hablar también con la palabra y, además, que ello les permita una divulgación privilegiada de sus mensajes, por encima del resto de ciudadanos. Eso, en sí mismo, ya es un rédito que obtiene el terror.

ETA emitió hace meses un comunicado de alto el fuego permanente. Pero lo significativo, sobre todo, es que en los meses siguientes siguió hablando su lenguaje habitual: amenazas a la sociedad civil, extorsión a empresarios, robos y aprovisionamiento de armas, construcción de zulos para explosivos, exhibición de encapuchados armados en Oyarzun, actitud chulesca y desafiante de los terroristas ante los tribunales, y un terrorismo callejero permanente con quema de cajeros, autobuses urbanos, etc. Otra cosa es que algunos no hayan querido darse cuenta y hayan minimizado sistemáticamente todos y cada uno de estos hechos, hasta que ETA ha dado una vuelta de tuerca más y ha puesto toneladas de escombros y, lo que es muchísimo más grave, dos cadáveres sobre la mesa de negociación.

¿La respuesta frente a esto? Es obvio que la respuesta no puede ser hacer exégesis de los zutabes y los comunicados de los asesinos como si tuvieran algún interés para nosotros. La respuesta no puede ser el entrevistarse pública y privadamente con un pseudopartido político declarado ilegal por los tribunales de justicia porque en realidad constituía parte del entramado terrorista. La respuesta no puede ser la tolerancia hacia la actividad ilegal de ese disuelto grupo proetarra. La respuesta no puede ser llevar al parlamento europeo el debate que a los terroristas interesa, provocando una grave fractura entre las fuerzas políticas españolas y en el propio seno de la eurocámara. La respuesta no puede ser que los fiscales cambien sus conclusiones jurídicas para adecuarlas a un proceso de no se sabe muy bien qué. La respuesta no puede ser anunciar en un parlamento democrático que un gobierno legal va a sentarse a dialogar con una partida de pistoleros.

 

La respuesta tiene que ser otra: unidad política y ciudadana frente al terror, incuestionable solidaridad hacia las víctimas, y sobre todo, aplicar siempre la ley. En suma: la respuesta frente al terrorismo se llama sencillamente justicia.

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