De pronunciarse hoy, a tenor del momento crítico que atraviesa España en este octubre de 2015, hay razones para sostener que el discurso fundacional de José Antonio en el Teatro de la Comedia de Madrid podría haber girado en torno a una sola idea: “que todos los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino”.

Sentirse armonizados es casi una perífrasis amorosa. No hay en ella viso alguno de imposición, de restricción, de subordinación, mucho menos de violencia. Apunta hacia una decisión esencialmente libre: no existe forma de ordenar o de decretar una armonía entre las partes. Se da o no se da. Y, de darse, lo hace de manera natural, espontánea y, sobre todo, abierta. Toda impaciencia o exigencia sobre ella acaba por quebrar su íntima fragilidad. Por eso, el propio José Antonio rectifica su inicial punto de vista sobre las bondades del Estado totalitario en un documento fundamental de marzo de 1935, donde se decanta abiertamente por el Estado de dimensiones muy reducidas.  

La extrema izquierda española ha estrenado el poder municipal conquistado en las urnas con una secuencia de gestos simbólicos que bien merecen una reflexión. Propuestas de reducción drástica de sueldos, renuncia a vehículos oficiales, devolución de atenciones, lisonjas y otros tratos de favor, así como un largo etcétera de prebendas.

En la década de 1990 el portavoz socialista en el Congreso, Eduardo Martín Toval, recuperó la expresión de “el chocolate del loro” para referirse a ese monto de gastos con cargo a los presupuestos del Estado. Intentaba hacer valer que, en su conjunto, éstas partidas suponían una parte poco significativa del flujo de caja del Estado y, en consecuencia, su desaparición acarrearía un ahorro insignificante para las arcas públicas. Esta razón matemática restaba cualquier incentivo para actuar sobre el dispendio. Y de aquellas aguas, estos lodos. Una década más tarde otra destacada política socialista, Carmen Calvo Poyato, Ministra de Cultura con Rodríguez Zapatero, daba con el corolario perfecto para esta visión de las cosas: "Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie."

La actual deriva del soberanismo catalán va a saldarse con una drástica intervención del Estado español para hacer cumplir la legalidad. El calado de las medidas va a depender, a partes iguales, de la prudencia lógica exigida por las circunstancias y del ilógico exceso de prudencia que caracteriza al presidente Rajoy. En cualquier caso, Cataluña seguirá siendo España a finales de 2015.

Pero conviene no llamarse a engaño: la independencia de Cataluña es una posibilidad perfectamente contemplada por nuestra Constitución Española de 1978. No de manera explícita, claro está, ya que la situación de inestabilidad política en el que ese texto supremo de nuestro ordenamiento jurídico vio la luz se hubiera tornado explosiva de haber sido así. No obstante, todo su articulado puede ser modificado por efecto de un juego de mayorías, y ninguna de sus partes es inmune a esta amenaza. Ni siquiera en lo relativo a la definición territorial del Estado español. Una mayoría en las Cortes proclive a la causa del independentismo catalán, sumada a una buena campaña para ganar un referéndum en todo el territorio nacional, harían de Cataluña un Estado independiente. Y punto. De nada valdría hacer llamamientos al Ejército o a la Corona como garante y símbolo, respectivamente, de la unidad; pues Ejército y Corona son instituciones idénticamente dependientes de la mayoría parlamentaria que, hipotéticamente, ha aprobado la secesión. Con los entables actuales de la intención de voto, la independencia legal de Cataluña puede ser sólo cuestión de tiempo, o cuestión de pactos.

La fragmentación del panorama político sobrevenido tras la reciente llamada a las urnas pone de actualidad las negociaciones para alcanzar los más peregrinos pactos de gobierno.

El pacto supone una herramienta normal en el funcionamiento de las instituciones democráticas. La falta de mayoría debe suplirse con un acuerdo entre las diferentes fuerzas que facilite la constitución de gobiernos, sean de naturaleza local, regional o nacional. El pacto supone, además, un mecanismo político óptimo frente a la fórmula del gobierno de la lista más votada. El acuerdo previo rebaja la dificultad que supone el ejercicio del poder en minoría, que puede conducir al colapso de la gestión por la vía rápida, poniendo coto a las prácticas excesivamente partidistas o descaradamente unilaterales.