El tirano que esclaviza al pueblo hermano de Guinea Ecuatorial se encuentra de visita oficial en nuestro país, invitado por el Rey, el gobierno y las altas instituciones de la nación. Es éste un hecho que, como españoles y defensores de la libertad y los derechos humanos, nos repugna y avergüenza.

 

Obiang Ngema, presidente ilegítimo de esa nación hispana del África Occidental, con la que España tiene contraido un compromiso moral fruto de nuestro pasado y herencia cultural común, llegó al poder trás un golpe de Estado palaciego perpetrado en 1979 contra su primo, el también despiadado dictador Francisco Macías, a quien sustituyó como sátrapa y violador de los más elementales derechos fundamentales de su pueblo.

Desde entonces, las prácticas abusivas, como detenciones arbitrarias, torturas, parodias de juicios penales sin garantías, secuestros de opositores en el exilio y terrorismo de Estado, han constituido el día a día del régimen de Teodoro Obiang, acompañado de una extendida corrupción al socaire del negocio de la extracción de petróleo, del que la República de Guinea Ecuatorial es el tercer productor de África cuando el 60% de su población malvive en la miseria.

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Los motores se van poniendo en marcha. Las ejecutivas de los partidos políticos van dando tarea a los gabinetes de comunicación, para que de nuevo todo sean mensajes y propuestas de cara a las elecciones. En los pasillos oscuros de la trastienda política ya se deben estar fraguando nuevos pactos, nuevas candidaturas independientes que sólo dependen de si el PSOE o el PP quitan o ponen a éste o al otro en puestos de salida. En fin, llega el circo de las municipales y autonómicas. Un circo donde, por cierto, se juegan el sueldo y, sobre todo, el sobresueldo, muchos piratas de los que no calzan pata de palo pero sí se ponen el parche en el ojo. Sobre todo para no ver las irregularidades que siempre están dispuestos a cometer los que saben que en materia de urbanismo el camino más corto pasa por la puerta de atrás y por debajo de la mesa.

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Siempre podemos sacar enseñanzas de las distintas cosas que nos pasan en la vida, tanto a nivel personal como social. La escuela de la vida es un libro abierto y dispuesto a dejarse penetrar por todos los que, con un espíritu inquieto y abierto, quieran bucear entre sus enseñanzas. Lo que ha pasado con el asunto de Air Madrid es un ejemplo de ello. Una de las enseñanzas que podemos sacar es el nivel de importancia que la ciudadanía tiene en las decisiones políticas y económicas del sistema actual.

 

Pese a las reiteradas quejas de miles de usuarios, se le concedió a la compañía aérea Air Madrid la renovación de su licencia. De todos es sabido el nivel de riesgo que uno de estos vuelos baratos tiene: pagas menos a cambio de soportar varias horas de retraso, pero Air Madrid superó lo permisible cuando esas horas se transformaban en hasta 120 horas de retraso. Evidentemente es algo inadmisible. Hasta ahí todo bien. La irregularidad aparece cuando, sabiendo este historial, se le renueva la licencia. Cuando esperan hasta las fechas navideñas para hacer pública la amenaza de pérdida de la licencia, con lo que los proveedores de la compañía dejan de suministrar sus servicios y se anulan las líneas de crédito. Entonces, vista la situación, la compañía echa el cerrojo.

 

Todo esto, así contado, parece una de las tantas intervenciones del gobierno, pero el problema es que todo esto tiene un rostro: el de las personas afectadas. Muchos de ellos, inmigrantes que querían pasar las vacaciones navideñas con su familia. Algunas de ellas habían ahorrado durante varios años para poder tener este ansiado encuentro. Es por ello que nos preguntamos: ¿importamos los ciudadanos para algo en las decisiones que se toman?

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Como si de una partida de mus se tratase, ETA y el gobierno, el gobierno y ETA, envidan y vuelven a envidar en este macabro juego de la negociación, pero en lugar de grande, chica, pares y juego, ambos equipos apuestan y se pelean por presos, legalización, estatuto e independencia.

 

El último envite de la banda terrorista parece serio; considera imprescindible para que no se rompa el "proceso de paz la reforma del estatuto, la legalización de Batasuna, el acercamiento de los presos y el cese de las detenciones; casi nada. Como decía un jugador sin mirarse las cartas y haciendo una rima: "A las dos primeras envido, llevo pares y cuidado conmigo.

 

El gobierno ha contraatacado aludiendo a que esta información aparecida en el boletín interno etarra Zutabe, no está actualizada, es anterior en el tiempo. Una de dos: o el gobierno insinúa que ETA va de farol, o sabe las cartas que lleva porque alguien se las ha chivado.

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El estatuto de autonomía de Cataluña, en su disposición adicional tercera, obliga a que el Estado invierta en la comunidad durante siete años una determinada cifra que se calcula con relación al Producto Interior Bruto, creando para ello una comisión bilateral. Rápidamente, otros estatutos siguieron el ejemplo de asegurar una determinada inversión estatal en sus comunidades, pero estableciendo en cada caso el criterio que les garantizara el máximo beneficio: en el proyecto para Andalucía que se va a someter el próximo mes a referéndum se calcula en relación con la población de la región, en Baleares se cuantifica directamente en 3.000 millones de euros en diez años, en la propuesta de Castilla-La Mancha se fijaría en relación con la superficie de territorio...

No le faltaba razón al vicepresidente Solbes cuando se quejaba de que, de seguir la tendencia, la confección de los presupuestos generales del Estado se acabará pareciendo a la resolución de un complicado sudoku.

Pero el problema, ahora, será cómo poner fin a este despropósito sin incurrir en el agravio comparativo. Parece que desde el gobierno central se quiere evitar que nuevos estatutos fijen cuál ha de ser la inversión estatal en sus respectivas comunidades autónomas, pero ¿con qué argumento se les dirá que no a las demás cuando a Cataluña y Andalucía ya se les ha dicho que sí?

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