ALICANTE
30 DE NOVIEMBRE
18:00 h.
HOTEL LUCENTUM

ACTO PÚBLICO

ACTO CULTURAL

PRESENTACIÓN EN ALICANTE DEL LIBRO
"IGLESIAS PORTAL, EL JUEZ QUE CONDENÓ A JOSÉ ANTONIO"
30 DE NOVIEMBRE A LAS 18:00 h.
HOTEL LUCENTUM

Honorio Feito
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Con respecto a las menciones por parte de la COPE hacia nuestro partido, y sin ánimo de coaccionar a la libertad de prensa y opinión, me gustaría hacer unas breves consideraciones.
Somos muchos los que nos hemos dado cuenta de que la Cadena Cope se ha erigido como la vanguardia del PP. Son las tropas de asalto que el PP tiene para ir reconquistando el poder que, por culpa de los afanes de grandeza de Aznar, perdieron el 11 M. Es una opción que los directivos de esa cadena están permitiendo, pero deben también asumir la responsabilidad de sus declaraciones y de su partidismo.

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Con este nombre se emite, actualmente, un programa en la televisión autonómica madrileña en el cual dos concursantes se enfrentan en una dura competición para, al final, uno –el perdedor- abandonar el programa y otro –el vencedor- continuar participando en el mismo.

 

La dinámica del juego consiste en ajustar al máximo unas operaciones matemáticas y en encontrar la palabra más larga y acertada utilizando para ello unas letras determinadas.

 

Al concurso televisivo le ha surgido últimamente un duro competidor: la guerra de manifestaciones.

 

Este bochornoso espectáculo también cuenta con dos contrincantes –el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español- y, como si de la entretenida emisión se tratase, se enfrentan también con cifras –para ver cuántas personas caben por metro cuadrado de asfalto, cuántas banderas se ondean al cielo madrileño y, en la prueba reina, cuántas personas llevan uno y otro a manifestarse a su lado- y con letras –ver quién hace el eslogan más rebuscado, la frase más impactante o quién busca la palabra más precisa para diferenciarse, separarse y, finalmente, vencer al contrario-.

 

Todo esto nos importaría muy poco si no lo hiciesen con la excusa y bajo la farsa de recordar a las víctimas del terrorismo y de acabar con la violencia etarra. La denigrante imagen que están dando los dos partidos mayoritarios –y otros menos mayoritarios- con la colaboración de diferentes asociaciones y colectivos y, cómo no, contando con el inestimable apoyo de los periodistas y medios de comunicación afines a uno u otro bando, nos parece, además de inmoral y maliciosa, una prueba de nula actitud democrática y de una falta absoluta de respeto hacia el conjunto de los ciudadanos que formamos España.

 

En ningún momento se ha visto el más mínimo atisbo de acercamiento, en ninguna de las convocatorias se ha perseguido el acuerdo de ambas partes y en ninguna de las declaraciones de ambos competidores se ha puesto por delante del interés partidista el interés general del pueblo español y de sus víctimas.

 

Falange Auténtica ha estado presente en todas y cada una de las manifestaciones convocadas para honrar a las víctimas del terrorismo –Barcelona, Bilbao, Pamplona, en todas las de Madrid; sí, en todas, también en la del 13 de enero convocada por UGT, CC.OO. y las asociaciones de ecuatorianos y en la última del pasado sábado día 3 promovida por el Foro de Ermua…en todas- y, aunque se le ningunee y se intente ocultar su presencia, seguirá acudiendo con sus pancartas, sus lemas y a pecho descubierto para homenajear a las víctimas y para plantarle cara a ETA.

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Ésta podría ser la expresión sorprendida de un buen número de españoles estos días. El domingo se sometió a referéndum en Andalucía el nuevo estatuto de autonomía de esa región. Y un montón de gente casi ni se había enterado. Entre ellos, muchos andaluces, que seguro que si lo sabían parecen no haberse querido enterar, si es que algo significa que de 6.045.560 posibles votantes, 3.852.063, es decir el 63,72 % ni siquiera se ha molestado en ir. 20.966, un 3,28 %, fueron para emitir un voto nulo y sólo acudieron a emitir su voto, es decir a expresar su opción diferente al voto nulo, el 33 % de los llamados a las urnas, 2.193.497 andaluces.

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Teóricamente, y así debería de ser en la práctica, el Tribunal Constitucional es el garante de la legalidad constitucional de las propias leyes, es decir, de su adecuación a la misma o, dicho de otra manera, de que lo dispuesto en las leyes de inferior rango, que son todas las demás, no sea contrario ni vulnere la normativa constitucional.

 

También teóricamente, y así debería de ser en la práctica, el Tribunal Constitucional, al igual que el resto de los Tribunales, ha de ser independiente y sometido exclusivamente al imperio de la ley, al margen de mediatizaciones del tipo que sean.

 

En concreto el Tribunal Constitucional tiene como competencias, primero el conocer acerca del recurso de inconstitucionalidad, o lo que es lo mismo declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; en segundo lugar, solventar los recursos de amparo que se le presenten por presunta violación de los derechos y libertades constitucionales; por último, resolver los posibles conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y de estas entre sí.

 

Sin embargo, y ésta es una de las maldades del sistema, los intereses partidistas lo mediatizan todo. El resultado de ello es que los magistrados constitucionales están donde están no sólo por su condición de juristas de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio profesional, sino porque responden a posiciones políticas determinadas y, de alguna manera, porque siguen las instrucciones de los partidos, que son los auténticos amos de la vida política.

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José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido la ocurrencia –lo suyo son las ocurrencias, a veces peligrosas- de nombrar Ministro de Justicia a Mariano Fernández Bermejo, el Fiscal que consideró que era "un disparate tratar como terrorismo a la llamada kale borroka -que, por cierto, acaba de cobrarse una víctima mortal- o que tildó de "hipocresía colectiva juzgar a los responsables de los GAL.

Lógicamente, cualquier ciudadano de a pie está en su perfecto derecho de considerar que el Estado no tiene que articular instrumentos legales para luchar contra un fenómeno, el de la violencia callejera, destinado a coadyuvar a los fines de una banda terrorista, mediante la destrucción del mobiliario urbano y los ataques con tácticas de guerrilla urbana a personas y bienes. Pero lo que no parece muy razonable es que a ese ciudadano se le nombre Ministro de Justicia.

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