La que tenemos montada en España desde hace semanas en torno a la Familia Real es de chiste o de culebrón.

 

Resulta que a una panda de lumbreras con ansias independentistas les ha dado por hacer ceniza con las fotos de Juan Carlos I y, claro, como no podía ser de otra manera en este país, se ha armado la de San Quintín. Estos tontos, en su ansia por hacerse notar y por ser los más progres y los más malos del mundo, nos han hecho flaco favor a todos los que, desde una posición relajada, comedida y democrática, llevamos años luchando para que la estirpe borbónica deje de vivir del cuento y empiece a... ¡trabajar!

 

Evidentemente, al instante, comenzó la guerra entre los defensores y los detractores de la técnica incendiaria y, por supuesto, la inmensa maquinaria propagandística de la Casa Real inició su particular batalla para sacar partido de este supuesto ataque.

 

Una nota oficial surgida de la Casa del Rey interpretaba estas acciones como "un ataque a la unidad de España porque Don Juan Carlos es el símbolo de la permanencia del Estado. Ni más, ni menos.

 

Tiene narices que, cuando lo que ardían no eran fotografías de la familia regente sino cuerpos de ciudadanos que volaban por los aires por el efecto de bombas asesinas, para estos mismos señores no era la unidad de España lo que se desquebrajaba; eran las instituciones.

 

Resulta de cachondeo recordar que, mientras un enfermo y feo personaje como Ibarretxe, mandaba órdagos al Estado diciendo y haciendo lo que se le venía en gana, el ahora indignado monarca le invitaba encantado a las suntuosas y ordinarias bodas de sus hijos –bodas, por cierto, pagadas por todos los ciudadanos-.

 

Tampoco se alarmaba la estirpe de la Zarzuela porque los habitantes de unas y otras tierras de España viviesen con calidades de vida que estaban y están a años luz unas de otras.

 

Mientras cientos de miles de españoles no tenemos acceso a una vivienda digna –recordemos, un derecho constitucional- ellos le hacían un chalecito al heredero para que no tuviese que vivir en el palacio de papá.

 

Y así podríamos seguir poniendo ejemplos.

El verdadero problema de la unidad española no lo es ni la bandera, ni la letra del himno, ni las selecciones autonómicas, ni, por supuesto, la quema de fotos de los Borbones, ni el resto de cuestiones superficiales; lo es la falta, la tremenda falta de un proyecto nacional atractivo, justo, igualitario y solidario. En su lugar, hemos y han convertido esta nación en una amalgama de egoístas, insolidarios, violentos, maleducados y materialistas. Y así nos va.

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El humorista y presentador Andreu Buenafuente entrevistó el otro día, para su programa nocturno en La Sexta, al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

 

Buenafuente comenzó su diálogo pidiendo disculpas por su tardanza (o su supuesta tardanza, supongo que era una escenificación) y Zapatero no resistió a la tentación de hacer el chascarrillo:

 

- Imagino que venías en Cercanías…

 

Cuando los ciudadanos padecemos problemas, estamos en nuestro derecho a indignarnos, a protestar o a tomárnoslo con buen humor. Según los casos o, incluso, según los días y los momentos.

 

A los únicos que no les está permitido bromear con los problemas es a quienes tienen la responsabilidad de solucionarlos y no lo hacen.

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Si la democracia fuera sólo lo que es hoy en día.

 

Si el gobierno de las cosas del pueblo ejercido por la totalidad del pueblo fuera solamente lo que hacemos en nuestro país cada cuatro años.

 

Si no fuera cierto que cuando a uno le dicen que va a elegir qué hacer el fin de semana siguiente, uno cree que no sólo le están sugiriendo que elija entre tres individuos a quienes apenas conoce cual de ellos quiere que le haga sus planes no sólo para el fin de semana que viene sino para los doscientos ocho fines de semana siguientes.

 

Si no fuera, no sólo lícito, sino además legítimo y casi seguro que necesario, pensar que la democracia se puede perfeccionar más allá del gobierno abusivo y aplastante de los partidos políticos ricos en votos o en dinero (¿hay diferencia?), o ricos en dinero o en votos (¿hay diferencia?).

 

Si no fuera por estas cosas, y cuatro, o cuatrocientas, más que se nos ocurren, tal vez Falange Auténtica no precisara recordar, una vez más, que en este país la democracia está por llegar y que no se cansará de decirlo, cuando toque y cuando no, porque una vida regida, apaciblemente, democráticamente, por la responsabilidad del pueblo, sigue siendo el objetivo que nosotros nos hemos marcado como políticos.

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Creo que el falangismo democrático debe seguir buscando con ahínco su propio espacio en una España democrática. Viene ahora a mi mente el concepto liberalismo.

Evidentemente, el falangismo no es liberal desde un punto de vista económico. "El liberalismo económico y la ley del mercado son la versión humana de la ley de la selva y de la ley del más fuerte", dijo Enrique Antigüedad. Tampoco lo es desde un punto de vista político. La democracia liberal es incompleta, ha de ser completada con una robusta democracia social y económica. La democracia liberal también es precaria porque pone en el mercado de los votos valores que no son negociables. ¿Es admisible la pena de muerte aunque lo diga la mayoría del cuerpo electoral? ¿y el aborto? El falangista apuesta por una democracia con valores, no por una democracia nihilista.

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Cada vez más, nuestros políticos actúan como si las leyes por sí solas pudieran cambiar las cosas. No es que ellos lo crean así, sería demasiada ingenuidad. Sucede, seguramente, que han llegado a la conclusión de que, como resolver problemas complejos es a su vez complejo, resulta más vendible y electoralmente más rentable promulgar una ley. Cuando se quieran evaluar los resultados de la misma, ya habrá transcurrido un plazo razonable, con lo cual habrá ocasión para renovar la confianza electoral, para echar la culpa a los ciudadanos (esos señores que no compran conejo en Navidad y que dejan un euro de propina cuando toman café, los muy irresponsables), para que la gente se haya distraído en otras cuestiones... o para huir hacia delante promulgando una nueva ley que sustituya a la anterior.

 

Yo sí creo que las leyes son necesarias para cambiar las cosas, pero no suficientes. La realidad es más compleja y, como señala el artículo 9.2 de la Constitución, los poderes públicos tienen la obligación de promover condiciones, buscar efectividad, remover obstáculos, incidir socialmente…Como eso es indudablemente difícil, los políticos se quedan en la mera proclamación formal de derechos, obligaciones y principios.

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