Por Carlos Javier Galán
Durante años, los falangistas auténticos venimos defendiendo un sistema sindicalista, donde los modelos de empresa admitidos -o cuando menos predominantes- sean de economía social -esto es, modelos en los que el capital sea justamente retribuido, pero no ostente necesariamente la propiedad ni la gestión de la empresa-. A este respecto, muchas veces me había asaltado la duda de si el capital aceptaría una legislación de ese tipo, si admitiría reducir sus privilegios para seguir ganando dinero, o si, por el contrario, la economía nacional se podría descapitalizar peligrosamente. Como observador de experiencias alternativas y socializadoras, creo que el ejemplo boliviano viene a dar cumplida respuesta a esa pregunta.
Cuando Evo Morales anunció que el pueblo boliviano recuperaba la legítima propiedad de sus recursos naturales, las empresas petroleras se rasgaron con estruendo las vestiduras y profirieron amenazas de todo tipo: políticas, jurídicas y económicas. Algunos gobiernos como el nuestro –que nunca han alzado su voz en defensa de los millones de bolivianos que viven en la miseria, que ni siquiera defienden a las pymes ni los trabajadores españoles, y que es dudoso que hagan lo propio con nuestros intereses nacionales- se apresuraron a respaldar activamente los particularísimos intereses de las multinacionales españolas, como si fuera un asunto que afectase al bien común de la nación. El duo Moratinos-Zapatero ha quedado ahora en evidencia, porque se ha demostrado que no estábamos ante ningún expolio –todo lo contrario: es posible que estemos ante el fin de un expolio- y que las multinacionales saben defenderse muy bien ellas solitas. Finalmente, todas las compañías han acabado firmando los nuevos contratos negociados con el gobierno de este país hermano. Y, para que sus cotizaciones en las Bolsas no se resientan, se han apresurado a proclamar a los cuatro vientos que su permanencia allí en la nueva situación seguirá reportándoles jugosos beneficios.
En los últimos años Bolivia asistía a una dramática paradoja: contaba con una importante riqueza natural, cada año aumentaban la producción de hidrocarburos y las exportaciones pero, paralelamente a esta mejoría de las cifras macroeconómicas, la población se empobrecía cada vez más. En el último quinquenio, cada hora 18 bolivianos se hundían en la pobreza y, de ellos, 6 en la indigencia. Más del 60 % de la población estaba por debajo de los niveles de pobreza. Entretanto, los beneficios de las multinacionales que explotaban los yacimientos energéticos nacionales crecían cuantiosamente y salían fuera del país. Incluso Intermon-Oxfam publicó hace algunos años un estudio, bajo el título "Repsol-YPF, una isla de prosperidad en medio de la miseria, en el que incidía sobre la responsabilidad que estas empresas debían contraer en el desarrollo de Bolivia.
Parece razonable que el nuevo gobierno haya querido invertir semejante tendencia y que la riqueza boliviana repercuta en la mejora de las condiciones de vida de los bolivianos. "Queremos socios, no amos, les dijo Evo Morales a las empresas extranjeras que explotaban los hidrocarburos del país. El presidente no expulsó a las compañías, lo que posiblemente hubiera sido un error, sino que dijo que Bolivia quería seguir contando con ellas, con su tecnología, con su inversión, con su gestión... Pero planteó algo enteramente razonable: que garantizaría a esas empresas que recuperarían sus inversiones y que tendrían, además, un beneficio. Pero nada más. El Estado boliviano, dueño de esos recursos que se explotan, debía empezar a beneficiarse de la riqueza nacional.
Al final, todos han suscrito acuerdos en los que prácticamente se han invertido las proporciones anteriormente existentes, de manera que el porcentaje superior al 80 % que antes se llevaban las multinacionales quedará ahora para el Estado boliviano y viceversa. Los nuevos contratos incentivan, además, la futura inversión de las empresas, primándoles con incrementos en su retribución. Y parece que, finalmente, todos tan contentos.
Ahora la cuestión es otra: ese aumento notabilísimo de los ingresos estatales, ¿repercutirá directamente en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos bolivianos? Así debería ser: ésa es la responsabilidad histórica que tiene el presidente Evo Morales. Desde España, los falangistas democráticos le animamos a cumplirla, en la seguridad de que también el propio pueblo hermano de Bolivia así lo exigirá.
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