El Pueblo español lleva más de una década sufriendo una crisis progresiva, soportada por las clases medias trabajadoras de nuestra nación: cooperativas, pequeñas y medianas empresas, así como trabajadores autónomos y por cuenta ajena. Y padecida especialmente por parados, personas endeudadas que han sido desahuciadas de sus hogares, pensionistas y dependientes. Todos han experimentado los recortes de sus derechos sociales básicos, en términos absolutos y también provocados por las subidas de los precios de bienes esenciales como la energía eléctrica, respecto a sus salarios o pensiones. Así, consideramos que muchas personas y familias han quedado expuestas a decisiones poco acertadas que han tomado nuestros gobernantes y que no han velado por el bien común.
Ante esta grave e injusta situación, la clase política sólo ha hecho leves recortes a sus privilegios, manteniendo la sobredimensionada estructura político-administrativa, que ha generado de facto diecisiete micro estados regionales con su respectivos parlamentos, junto a las 42 diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares, así como los 8.122 municipios que en su mayoría, los integrantes de sus equipos de gobierno cuentan con sueldos fijos, asesores y cargos de libre designación. Instituciones que, además de estar repletas de políticos con sueldos, son una fuente inagotable de contratación de personal afín que no realizan actividades encaminadas a satisfacer el interés general y, por tanto, mantienen en estado de desamparo a muchas personas.
Consideramos que el Estado, que recauda cada vez más impuestos, no ha de seguir anteponiendo intereses espurios, actuando como una empresa de colocación de sus acólitos, sino que debería canalizar todos los recursos al servicio de las personas. Esos medios, que son de todos, han de ser gestionados en base a las necesidades humanas y no a las prioridades del interés partidista para retener el Poder, que usan en beneficio propio y de las grandes corporaciones donde muchos altos cargos acaban cuando finalizan sus mandatos.
Creemos que ha llegado la hora del compromiso con la gente y por eso pedimos a las instituciones que se declaren comprometidas con las Personas. Esto exige una acción decidida, y tomar las medidas presupuestarias necesarias, para que ningún dependiente quede sin ser atendido y que no existan expedientes aprobados en espera de recibir los recursos. A este fin hay que habilitar las dotaciones indispensables para defender un derecho que consideramos fundamental porque incide en la calidad de vida y dignidad de las personas.
Junta Política Nacional de Falange Auténtica