El último suceso protagonizado por la CAM, al retener la cantidad que, la Generalidad Valenciana, había ingresado para pagar el primer plazo, correspondiente a los medicamentos dispensados por las farmacias de la provincia de Alicante, desde el mes de Junio hasta ahora mismo, vuelve a centrar el foco, una vez más, sobre esta entidad que se ha convertido, no sólo en la Comunidad Valenciana, si no también, en el resto de España, en uno de los ejemplos más claros de mala gestión, y la relación de ésta con objetivos políticos que han influido, de manera notable, en su catastrófico estado económico.
La administración de la caja por el FROB, ha sido la causa en el retraso del pago a los farmacéuticos Alicantinos, que han recibido el dinero más tarde que sus colegas Valencianos y Castellonenses. Con todo, y de manera independiente al hecho de que la administración autonómica, esté efectuando el abono de los gastos en medicamentos, de una deuda que se remonta a hace cinco meses, a plazos, (lo que da una idea clara de cual es la situación de las cuentas públicas en esta región), la noticia, pone en evidencia otra vez, no sólo a la caja intervenida sino también al resto del sector financiero, causante de una parte muy importante del actual estado económico de la comunidad, y por extensión del resto de España.
En relación con esto, la última inspección del Banco de España, ha descubierto un agujero en el Banco de Valencia que estaría entre los 600 u 800 millones de euros, lo que ha motivado que su principal accionista intente vender este banco antes que sea también intervenido por el FROB, posiblemente a aquellas entidades que intentaron adquirir la CAM en su día, y que finalmente no lo hicieron al conocer el verdadero estado de las cuentas de la caja. Si no lo consiguen, otra vez el FROB será el encargado de salir al rescate del banco valenciano. Nos preguntamos de nuevo hasta qué punto, la política de invertir miles de millones de euros de fondos públicos, en el rescate del sistema financiero, han tenido un efecto beneficioso para el conjunto de los ciudadanos. Si no hubiese sido mejor, la plena nacionalización de algunos bancos y cajas en algunos casos, y en otros simplemente dejarles quebrar, haciéndose cargo el estado, de garantizar los fondos depositados allí por los ciudadanos, cuando todas estas cantidades no han supuesto un verdadero retorno a la sociedad en forma del crédito tan necesario para que, muchas empresas, hayan podido continuar con su actividad y evitar el cierre, generando por tanto más desempleo.
La crisis financiera continua, y lo seguirá haciendo en el futuro conforme las exigencias de los ratios de calidad de la UE respecto a la banca vayan aumentando. Previsiblemente, el próximo año podrían darse nuevos ejemplos de esta nefasta política, y no nos parece que su continuidad contribuya a mejorar las expectativas económicas si sigue habiendo escasez de crédito, tanto en el sector público como privado. Es necesario romper este círculo vicioso en el que se ha instalado la economía de nuestra región y nuestro país, y a nuestro entender, hacer una apuesta decidida por una banca pública cuyo criterio de rentabilidad económica no pierda de vista la rentabilidad social como gran objetivo, que sería mucho más beneficioso para la ciudadanía que lo que se ha hecho hasta este mismo momento, y cuyo resultado vemos todos los meses, cuando se publican las cifras de paro y crecimiento económico.
Por desgracia el previsible cambio de rumbo político en el país el próximo 20 de Noviembre, como muy bien sabemos en esta comunidad después de varios gobiernos del PP, no va a significar un giro en las medidas que se han ido aplicando a la banca hasta el momento, y ello nos hace comprender hasta qué punto nuestro sistema político se entremezcla con el financiero, instrumentalizando una democracia que, en realidad, nunca alcanzó su plena categoría como tal, pervirtiéndola en fondo y forma. Por ello desde aquí, desde la web de FA de la Comunidad Valenciana queremos aprovechar este artículo para demandar a la ciudadanía de la comunidad que se sume a la iniciativa democrática y responsable, de adoptar la abstención en las próximas elecciones, como arma contra las oligarquías del entramado político-financiero que domina este país, resaltando con ello, la necesidad de reconducir nuestro sistema hacia un período de libertad constituyente, que pueda abrir un abanico de posibilidades, a la hora de crear un nuevo escenario, realmente democrático, que acoja a todos los españoles con independencia de su ideología.
