El impuesto de Sucesiones y Donaciones enfrenta las incongruencias del sistema. Pone en tela de juicio la igualdad de los españoles y el sistema de representación territorial. Todo ello sin entrar en el debate primordial, ¿por qué tributamos por un bien sobre el que ya se ha tributado, y sobre el que debemos seguir tributando mientras lo conservemos? ¿Por qué pagamos tres veces? ¿Es justo? ¿o sólo es necesario para mantener una administración estatal que se muestra inoperante y que se ha hecho endémica?
La armonización fiscal, es decir, pagar por heredar bienes sobre los que ya ha cotizado la persona que los dona, se ha convertido en el caballo de batalla de la última reunión de presidentes de Comunidades Autónomas.
Los españoles, en teoría iguales ante la ley, según nuestra carta magna, sufrimos sustanciales diferencias en el pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones, atendiendo al territorio en que vivimos, tributamos o recibimos la herencia, y dependiendo del partido político que gobierne.
A parte el debate y análisis sobre la equidad del impuesto, en boca y mente de una gran mayoría de españoles, después de que se hayan dado múltiples casos en los que los herederos han tenido que renunciar a la herencia, la reunión ha puesto sobre la mesa múltiples incongruencias que enfrentan al sistema con sus sombras.
