La actual deriva del soberanismo catalán va a saldarse con una drástica intervención del Estado español para hacer cumplir la legalidad. El calado de las medidas va a depender, a partes iguales, de la prudencia lógica exigida por las circunstancias y del ilógico exceso de prudencia que caracteriza al presidente Rajoy. En cualquier caso, Cataluña seguirá siendo España a finales de 2015.
Pero conviene no llamarse a engaño: la independencia de Cataluña es una posibilidad perfectamente contemplada por nuestra Constitución Española de 1978. No de manera explícita, claro está, ya que la situación de inestabilidad política en el que ese texto supremo de nuestro ordenamiento jurídico vio la luz se hubiera tornado explosiva de haber sido así. No obstante, todo su articulado puede ser modificado por efecto de un juego de mayorías, y ninguna de sus partes es inmune a esta amenaza. Ni siquiera en lo relativo a la definición territorial del Estado español. Una mayoría en las Cortes proclive a la causa del independentismo catalán, sumada a una buena campaña para ganar un referéndum en todo el territorio nacional, harían de Cataluña un Estado independiente. Y punto. De nada valdría hacer llamamientos al Ejército o a la Corona como garante y símbolo, respectivamente, de la unidad; pues Ejército y Corona son instituciones idénticamente dependientes de la mayoría parlamentaria que, hipotéticamente, ha aprobado la secesión. Con los entables actuales de la intención de voto, la independencia legal de Cataluña puede ser sólo cuestión de tiempo, o cuestión de pactos.
