Las propuestas restrictivas respecto a la inmigración han sido el caballo de batalla de la derecha radical europea desde los ya lejanos días de Jean-Marie Le Pen. Con una insistencia más o menos acusada según los entables del momento, el rechazo a la llegada masiva de extranjeros ha supuesto para las siglas de esa órbita un fecundo caladero de votos en toda Europa que parece destinado a crecer. A despecho de los partidos hegemónicos tradicionales, la inmigración preocupa seriamente a un porcentaje significativo de votantes europeos que depositan sus papeletas electorales acuciados por una realidad social que perciben con temor e indignación en las calles.
Temor, porque los datos se pueden exponer de tal manera que muestren una vinculación causal entre el aumento de inmigrantes y el aumento de la delincuencia común. Indignación, porque cunde la especie del inmigrante consumidor compulsivo de servicios sociales y receptor ocioso de millones de euros, en forma de ayudas y subsidios, que le permita vivir de la sopa boba y hasta por encima del sufrido trabajador pagador de impuestos.
¿Qué hay de verdad en ello? Ni idea. La forma de abordar estas cuestiones de manera ponderada y sensata pasa por la disponibilidad de un repositorio de datos fiable, independiente y actualizado. Una base de datos que, indagando libremente en la información estadística oficial y ofreciéndola a la ciudadanía de manera clara y accesible, respondiera a las preguntas clave que están en la mente de muchos ciudadanos y, de manera particular, en quienes propenden al voto menos tibio.
Muy lejos de esta racionalidad, no hay donde acudir para informarse correctamente. Los poderes públicos parecen optar por la opacidad y la ambigüedad dando pábulo a la aparición del bulo. Para mayor escarnio, hay fundadas sospechas de ocultación de la realidad a la ciudadanía dado que, en ocasiones, se han detectado injerencias del poder político sobre los medios de comunicación para “tapar” las noticias desfavorables a la inmigración bajo el pretexto de evitar la criminalización de todo un colectivo humano a causa de comportamientos delictivos o abusivos que son estrictamente individuales.
Esta ocultación es una práctica abiertamente antidemocrática que revela una actitud paternalista intolerable ejercida desde el poder hacia los votantes. Sin obviar que el derecho a la información quedó explícitamente recogido en el artículo 20 de la Constitución de 1978. Mala idea. Porque las sospechas crecen al amparo del oscurantismo informativo oficial. Sospechas, queremos decir, respecto a unos datos que -de hacerse públicos- tal vez revelarían un panorama más cercano al descrito por los radicales que al buenismo que destilan los organismos oficiales y las subvencionadas ONG. Que tal oscurantismo se practique de manera idéntica en Comunidades Autónomas gobernadas por la izquierda o por la derecha no hace sino sembrar nuevas dudas. Respecto a la posibilidad, esta vez, de un pacto institucional oscurantista y desinformador firmado -¿secretamente?- entre los partidos sistémicos.
Acostumbrado a gastar pequeñas fortunas en el sostenimiento de observatorios sociales de todo tipo bien podría el poder político terminar de una vez con la manipulación especulativa, que no informativa, de los datos relativos a la inmigración con uno de estos. Pero acaso las cifras reales, como decimos, no sean favorables a la hoja de ruta, a “lo que hay que hacer” y mejor sea ocultarlos. De este modo, el debate sobre la inmigración nunca podrá superar en calidad a las tertulias de televisión. Porque, sin datos ciertos y verificados, todo es hablar por hablar y cada quien tiene su propia opinión. Qui prodest? Mucho nos tememos que a los admirados de Le Pen, Orbán o Meloni sembrados por todo el continente.
Juan Ramón Sánchez Carballido
