El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales o menos está en el centro de la actualidad política y social en España. Mientras algunos abogan por una legislación general, otros defienden que la vía más eficaz y realista es la negociación colectiva. Este artículo analiza las dos posturas, aportando datos y argumentos sobre sus implicaciones económicas.
El avance real a través del convenio colectivo Es un hecho contrastable que España ya cuenta con empresas,muchas de ellas grandes corporaciones en sectores como la tecnología, banca o energía, que han implementado mediante convenio jornadas iguales o inferiores a 37,5 horas semanales. Incluso el modelo de semana laboral de 4 días es una realidad en empresas como Software DELSOL o Tulip Retail, pioneras en esta materia.
Estos avances no son producto de una ley, sino de la negociación entre empresarios y trabajadores dentro de empresas con la salud financiera suficiente para asumir el coste que supone reducir horas sin mermar la productividad. Este sistema permite una adaptación flexible a la realidad de cada sector y cada compañía, premiando la eficiencia y la competitividad.
La crítica a la regulación por ley: el riesgo para la pyme y el autónomo La principal objeción a imponer una reducción general de jornada por ley reside en su impacto heterogéneo en el tejido productivo. Mientras una multinacional puede absorber el incremento de costes laborales, para un autónomo o una pequeña empresa con márgenes reducidos puede suponer una carga insostenible.
Según datos de la Federación Española de Autónomos (ATA), más del 30% de los autónomos cerraron 2023 con pérdidas. Para ellos, un aumento de costes sin una correspondiente subida de ingresos no es una opción viable. Obligar por ley a reducir la jornada sin flexibilidad podría tener consecuencias no deseadas:
- Proletarización del pequeño empresario: El autónomo, que es un "obrero emancipado" dueño de su destino, se vería abocado a cerrar y volver a la condición de asalariado, perdiendo su autonomía.
- Eliminación de la competencia: Las grandes empresas, con mayor capacidad de resistencia, podrían beneficiarse de la desaparición de pequeños competidores, consolidando mercados oligopólicos.
- Inflación: Para sobrevivir, las pymes que se mantengan se verían forzadas a trasladar el incremento de costes a los precios, generando presiones inflacionistas que erosionarían el poder adquisitivo de todos los ciudadanos.
El papel del Estado: ¿socio o explotador? Se esgrime un argumento crucial:la estructura fiscal actual ya supone una carga significativa para la actividad productiva. La presión fiscal sobre el trabajo en España se sitúa en el 36,6% (Eurostat, 2022), por encima de la media de la UE. El Estado es, de facto, el primer receptor de los frutos del trabajo mediante impuestos (IRPF, cotizaciones sociales, impuesto de sociedades).
Por tanto, la pregunta es obligada: ¿puede un Estado que ya captura una parte sustancial de la riqueza generada imponer más costes a las empresas sin antes optimizar su eficiencia y reducir su carga fiscal? Para muchos, la medida parece más un gesto político de "propaganda" que una solución estructural real para mejorar la vida de los trabajadores.
Conclusión: a favor de la negociación, en contra del dogma. La reducción de la jornada laboral es un objetivo loable que debe perseguirse desde la sensatez económica. La vía del convenio colectivo, aunque más lenta y menos mediática, es la más sensata porque:
- Respeta la heterogeneidad del tejido empresarial español.
- Premia la productividad y la competitividad de las empresas que pueden permitírselo.
- Protege a las pymes y autónomos de cargas que no pueden soportar.
La legislación general, bienintencionada pero rígida, ignora estas realidades y corre el riesgo de dañar precisamente a los agentes económicos más vulnerables, frenando la emancipación laboral y la creación de riqueza. La solución no pasa por más regulación estatal, sino por generar un entorno económico de bajos impuestos y menos trabas que permita a las empresas crecer y, de forma natural, mejorar las condiciones de sus trabajadores.
Juan Fco González Tejada
