La sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, que aumenta considerablemente las penas de privación de libertad para los acusados por el denominado “Caso Blanquerna”, originado por la interrupción en forma de algarada de un acto institucional, organizado por la representación de la Generalitat catalana en Madrid con motivo de la Diada en 2013, es a nuestro juicio un hecho grave que termina por despejar las dudas que quedaban acerca de la politización de la ineficaz justicia española, para nada ajena al clima de corrupción que impera en nuestro País.
Aplicar la agravante de discriminación ideológica a los autores de los hechos, que interrumpieron un acto político esgrimiendo una reivindicación también política de signo opuesto, con el fin de ampliar desmedidamente sus penas de privación de libertad, no deja de tener su enjundia si lo comparamos con la inacción y permisividad de los tribunales, empezando por el Supremo, cuando la fundamentación ideológica de los actos y de quienes los perpetran son de ideología radical izquierdista, dando lugar a un clima que confirma una especie de “barra libre” para que la extrema izquierda pueda atacar, boicotear, agredir o profanar inmuebles, convocatorias, iniciativas, manifestaciones o a representantes de otras opciones políticas diferentes a las suyas.
Podríamos hacer una relación interminable de los, cada vez más frecuentes, hechos violentos perpetrados por la Ultraizquierda, que no tienen consecuencias penales por la pasividad de los tribunales de justicia. Acciones que van desde impedir de manera violenta la presencia de representantes políticos que no son de su cuerda en las universidades estatales (financiadas por los españoles), pegar a miembros de partidos que recogen comida en la vía pública para ayudar a las personas necesitadas, asaltar lugares de culto católico amenazando a los fieles presentes en los mismos e intimidar o agredir a personas que pedían ver los partidos de fútbol del Equipo nacional en un lugar público de Barcelona y apalear a quienes se signifiquen por opciones políticas alternativas o exhiban los colores de la Bandera de España…
La gravedad de esta sentencia, emitida por el alto tribunal, es que viene a confirmar que en España la ideología del sujeto actor de un hecho punible, cualifica al delito y su pena. Y por tanto, ante sucesos similares, las consecuencias serán distintas, consagrándose la impunidad para unos y la rigurosa aplicación del Código penal para otros. Consideramos que esto lesiona un derecho fundamental de muchos españoles, ante unas togas sucias debido a una justicia politizada.
Ejecutiva Nacional de Falange Auténtica