Evidentemente pleitear es caro. Pleitos tengas y los ganes. A nadie se le escapa que la justicia tiene precio. Ahora y en tiempos de Hammurabi. Y no me avergüenzo de ser abogado, que quien sirve honradamente como letrado, bien se gana la paga. Lo que me espanta es la saña liberal que ahora impone tasas judiciales abusivas a los litigantes. Hablamos de tasas judiciales, pero en realidad estamos hablando, ni más ni menos, que del culto al becerro de oro y de la decadencia de occidente.
Todos los oficios jurídicos han criticado rotundamente la nueva Ley de Tasas Judiciales. Todos. Jueces, abogados, fiscales, procuradores, funcionarios. ¿Y los forenses? Los forenses también. ¿Por qué? Porque golpea con rudeza el orden natural de las cosas. Porque al encarecer la justicia obstaculiza que muchos españoles puedan pedir su amparo. Porque, dicho en román paladino, habrá justicia para quien pueda pagársela. Para los otros, habrá pomposas y muy constitucionales declaraciones de derechos sin acomodo en casa del pobre. Al final, los que más necesitan el amparo de la razón frente a la fuerza, frente al abuso, frente al engaño, quedarán aún más lejos de alcanzar justicia. Y por si fuera poco, en las taifas, los reyezuelos autonómicos impondrán las suyas. Habrá que pagar a los señores de aquí y de allá. Empezando por los catalanes. Es como si se hubiera desatado un "tonto el último" para ver quien trinca más y trinca antes.
Es cierto que quienes tienen justicia gratuita están excluidos de su pago, pero esos no son todos los españoles, ni mucho menos. Tampoco me vale eso de que la cuantía de la tasa podría recuperarse si se gana el pleito. ¡Que se la cobre el Estado al malandrín que roba o engaña, no al honrado ciudadano! No me vale tampoco que en Europa roben con la misma ganzúa. Porque en Europa el becerro de oro es el mismo y el mal no debe imitarse jamás. Y no me valen patochadas del tipo "esta tasa recaerá sobre los grandes consumidores de justicia",... ¡No, señor Ministro, no!
El pasado miércoles el Senado de España aprobó una ley tremendamente injusta. Se publicará en el BOE y entrará en vigor este mismo mes de noviembre. El Ministro de Justicia cumplirá sus previsiones y los bolsillos de los españoles serán convenientemente aligerados ya antes de que lleguen de Oriente los Magos. Los abogados verán mermada su cartera de asuntos judiciales y los sempiternos males de la Administración de Justicia seguirán pendientes de solución. La Ley será recurrida, a buen seguro, por el Consejo General de la Abogacía, y son muchos los que creen que el Tribunal Constitucional, por coherencia y de conformidad con sus propias sentencias, está obligado a declarar su inconstitucionalidad. Sí. O no. Tal vez. Pero, mientras tanto, la maldición del gitano se cumplirá más y mejor en las espaldas de los españoles.
Porque esta historia ya la conocemos. Estado de Derecho envuelto en celofán, juegos de palabras, conceptos vacíos, fantasmadas muy constitucionales. Haría bien nuestro Ministro de Justicia en oír a jueces y magistrados, a procuradores y abogados, haría bien en atender sus requerimientos en lugar de despreciarlos. Haría bien en tratar de dar al pueblo lo que el pueblo necesita, en lugar de condenarlo a pasar por la injusticia.
Lo otro es inaceptable. Al menos para los que seguimos pensando que tres son las cosas que debe perseguir todo gobernante decente: patria, pan y justicia para todos. Ahora que la patria está rota, ahora que el pueblo pasa hambre, ésta es la última de las plagas bíblicas: justicia solo para los privilegiados del orden capitalista. Pero recordad, no somos vasallos, y tomar justicia por la mano no paga tasas.
Fernando Valbuena
Publicado en el Diario Hoy.
Columna semanal "A la intemperie"