Una banda de asesinos lleva cuatro décadas sembrando el terror en España, con casi un millar de muertos a sus espaldas y dejando un rastro de sufrimiento que afectará ya para siempre a muchas familias.
En paralelo a su actividad criminal, ETA generó un entramado en el que ha venido utilizando la legalidad vigente para adoptar la apariencia de asociaciones juveniles, culturales, vecinales, empresas, medios de comunicación e incluso partidos políticos para financiarse, para utilizarlos como altavoces y para abrir otros frentes de lucha en la sociedad.
Recientemente, con ocasión del último atentado que causó la muerte de dos personas, por descontado ninguno de esos pseudopartidos instrumentales –ni la supuestamente ilegalizada pero en la práctica consentida Batasuna, ni el parlamentario EHAK-PCTV- condenaron ese crimen.
Rápidamente el gobierno y sus aliados han decidido tomar cartas en el asunto y han acordado por unanimidad que hay que establecer un cordón sanitario y bloquear las propuestas que vengan de un determinado partido. ¿De Batasuna? ¿del PCTV?... No: del Partido Popular.
Todos los grupos del parlamento nacional están de acuerdo -y así lo han anunciado públicamente- en que cualquier propuesta que haga el PP en materia antiterrorista ni siquiera será debatida en las cámaras.
No tenemos la menor simpatía –lo expresamos y lo demostramos día a día- por el PP. Nos sentimos tremendamente lejanos de su ideología conservadora, derechista, neoliberal, y de la mayor parte de sus formulaciones políticas. Pero, si Falange Auténtica estuviera en el parlamento, no sería nunca cómplice de un comportamiento de ese tipo, de realizar un bloqueo antidemocrático para que ni siquiera puedan debatirse las legítimas propuestas de un grupo político.
El parlamento debería ser eso: un lugar de encuentro, de debate, de participación democrática. Los representantes de los ciudadanos tienen derecho a formular las iniciativas que consideren oportunas y a valorar las que formulen los demás.
FA escucharía las propuestas de todos, las analizaría, las debatiría y, finalmente, votaría a favor cuando le parezcan positivas -vengan de quien vengan- o en contra si nos parecieran negativas. Tan sencillo como eso. Pero no contribuiríamos a imponer la mordaza a nadie –y menos a quienes representan a diez millones de españoles- por mucho que sea nuestra discrepancia con sus postulados políticos.
A nadie que opte por las vías políticas democráticas. Lo que tampoco permitiríamos, dicho sea de paso y volviendo al principio de esta reflexión, es que alguien que ha apostado por la violencia utilice luego de forma espuria y en claro fraude de ley los instrumentos del Estado para apoyar su actividad criminal.
Es decir, justamente lo contrario de lo que está haciendo este gobierno, que da voz a una organización declarada ilegal por los tribunales y pretende silenciar a un partido político legal.