Por mucha propaganda que desplieguen, los españoles sentimos en general, en nuestras economías familiares, una drástica diminución del Poder ADQUISITIVO.

La Familia y la Patria son los resortes mínimos para la Libertad y la Dignidad de los TRABAJADORES.

Quienes debilitan los arraigos familiares y tratan de dividir nuestra PATRIA son los mayores enemigos de los trabajadores, aunque se presenten como todo lo contrario. Es la Familia, y es la concepción de la Nación como una Hermandad, la Patria: un colchón en los baches de la vida para toda Persona, para todo trabajador.

En un mundo donde cada vez trabajamos menos, sin Familia y sin Patria, la Persona, los trabajadores, quedamos a la intemperie del abandono y la soledad. Y en esta situación, la Libertad y los Derechos son papel mojado, una mera quimera.

Sobre esta base, incluso, desconfía de los que ejercen el odio de clase, odian al empresario por principio y nada hacen para que se den las condiciones culturales, económicas y formativas que faciliten a los trabajadores asociarse y ser DUEÑOS de sus trabajos.

En todo caso, cualquier análisis social no puede partir de tópicos del siglo pasado. Hoy, las empresas y las personas, en general, entregamos al Estado casi el 50 % de lo que producimos. En definitiva, las plusvalías de la producción no se las quedan los propietarios de la empresa en su totalidad, como ocurría a principios del siglo pasado. Una gran parte de esas plusvalías está en manos del Estado, y las gestionan los políticos.

Cuando el Gasto Público deja de atender Necesidades Sociales Vitales y el POLÍTICO lo gasta en satisfacer necesidades ciudadanas prescindibles, ese político —y el partido que lo avala— se podrá decir defensor de los trabajadores, pero está obrando contra el mundo del trabajo con mayor perversión que el dueño de los medios de producción que regatea derechos a sus obreros. Al menos este puede alegar que arriesga su capital y su trabajo, aunque ello sea injustificable cuando hay beneficios. El político no solo no puede alegar legitimidad alguna para tamaña injusticia social, sino que además cobra de esas plusvalías que la Producción ha transferido al Estado para que desde el Estado se imparta la Justicia que en la Producción no se produce.

Soy falangista, obrero, ya recién jubilado, amante de mi Patria y mi Familia, y me afano en que el trabajo salga bien.

 

Datos y contexto aportados

  1. Sobre la afirmación: «entregamos al Estado casi el 50% de lo que producimos»
  • Presión fiscal total en España: Según Eurostat y la OCDE, la presión fiscal (impuestos más cotizaciones sociales) alcanza entre el 38 % y el 42 % del PIB, algo por debajo de la media de la eurozona. Sin embargo, cuando se mide el esfuerzo fiscal real de un trabajador o una empresa (sumando IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, cotizaciones patronales y del empleado, IBI, impuestos especiales, etc.), la llamada «cuña fiscal» (la diferencia entre el coste laboral total para la empresa y el salario neto del trabajador) ronda el 40,5 % para un soltero sin hijos, pudiendo superar el 50 % si sumamos el IVA sobre el consumo.
  • «Día de la Liberación Fiscal»: Anualmente, el Tax Foundation y el Instituto Juan de Mariana calculan los días que una persona trabaja solo para pagar impuestos. En España, suele situarse a finales de junio o principios de julio, lo que significa que aproximadamente el 50 % de los días laborables se destinan a sostener el gasto público.

 

  1. Sobre quién retiene las plusvalías y el gasto público
  • Reparto de la recaudación: En los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y 2024, el 80 % del gasto se concentró en cuatro partidas: pensiones, sanidad, educación y deuda pública. El 20 % restante financia el resto de las políticas.
  • Gasto prescindible según sectores críticos: En los presupuestos existen partidas como subvenciones a partidos políticos (aprox. 52 millones de euros anuales más otras fundaciones), sindicatos (aprox. 15-20 millones en subvenciones directas para actividades genéricas más formación), organismos duplicados, televisiones públicas autonómicas con audiencias mínimas, y un entramado institucional (observatorios, consejerías, asesores) cuyo costo total asciende a varios miles de millones. Se argumenta que una fracción importante de ese 20 % restante no atiende «necesidades sociales vitales» sino la sostenibilidad de una clase política.
  • Plusvalía estatal vs. patronal: Históricamente, el capitalista acumulaba la totalidad de la plusvalía. Hoy, con un Impuesto de Sociedades nominal del 25 % (más las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que en 2023 recaudaron más de 100.000 millones de euros), el Estado es socio forzoso de toda empresa, extrayendo de manera legal una porción muy relevante del excedente antes de que llegue al propietario o al reparto de beneficios. De cada 100 euros de beneficio potencial de una empresa (antes de impuestos y costes laborales indirectos), más de la mitad puede acabar en arcas públicas entre cargas sociales e impuestos directos e indirectos.

 

Juan Fco González Tejada