Por primera vez desde hace 23 años, la televisión autonómica valenciana no pudo retransmitir la "cremá" de las fallas. Los paros convocados por trabajadores de Canal 9, como protesta por el ERE que amenaza con dejar en la calle a centenares de empleados del canal autonómico, ha sido la causa que, muchas personas, no pudieran contemplar el espectáculo de las llamas y la pólvora ardiendo en la noche valenciana.

El ERE de RTVV, se inscribe en la política de recortes anunciados por el Gobierno de la Generalidad Valenciana, con el fin de ajustar el déficit comprometido, o más bien impuesto, por el Gobierno Central para cumplir a su vez con los objetivos que nos vienen marcados desde una Europa, a la que cada vez más, muchos españoles estamos comenzado contemplar como a la "despiadada" madrastra del cuento.

Aunque dese aquí, hemos defendido la necesidad de reestructurar el ente de comunicación autonómico, con el fin de reducir unos recursos que pueden ser redirigidos a cubrir necesidades de carácter social, y por ello en un principio podríamos estar de acuerdo con la medida, no podemos obviar sin embargo que, el necesario ajuste, provocará sin duda que muchas personas pierdan su puesto de trabajo con lo que esto conlleva en estos momentos.

2012 puede ser, si nadie lo remedia, un año que no será fácilmente olvidado para muchos ciudadanos. La acumulación de problemas y situaciones potencialmente conflictivas, han confluido en este periodo, cuyo comienzo deja pocos resquicios de esperanza. El anuncio en el mensaje de año nuevo del presidente de la Generalidad, Alberto Fabra, de un nuevo recorte de 1000 millones de euros, no es si no la expresión clara del estado de quiebra técnica que padece la administración de nuestra comunidad, salvada en última instancia por el gobierno central, aunque, oficialmente no se quiera reconocer.

Ha concluido por fin el llamado “caso de los trajes” con la sentencia favorable hacia los principales acusados: Francisco Camps y Ricardo Costa, ex-presidente del Gobierno Valenciano y ex-secretario general del PP en la Comunidad Valenciana respectivamente. La declaración de no culpables dictada por un jurado popular supone, siempre que no se interponga un recurso en instancias superiores, el final de un proceso judicial que ha tenido a esta comunidad atenta a su desarrollo durante demasiado tiempo.

FALANGE AUTÉNTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, quiere manifestar su oposición y rechazo al anteproyecto de ley de Dinamización del Comercio, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, cuya puesta en marcha está prevista entre Marzo y Abril del año 2012.

El gobierno de la Comunidad, utilizando como excusa el fin de la confusión entre los consumidores y comerciantes respecto a los distintos horarios comerciales a aplicar durante el calendario anual, y la creación de puestos de trabajo en el sector, en realidad, está beneficiando con este tipo de políticas ultra-liberales a las grandes superficies comerciales, lo que irá en detrimento del pequeño comercio que, en muchos casos, se verá abocado al cierre destruyendo el empleo que supuestamente pueda ser creado con la pretendida dinamización, (por cada empleo que se crea en una gran superficie se destruyen otros cuatro en el pequeño comercio).