Carlos León Roch
El gobierno del País vasco ha acordado aprobar un presupuesto de 200.000 euros para sufragar los gastos que las familias de presos vascos han de soportar para visitar a sus familiares, fuera de su región. Naturalmente, la inmensa mayoría de esos presos lo son por su pertenencia o colaboración con ETA tanto penados como en prisión preventiva.
La orden ha provocado enérgicas protestas de organizaciones especial y lógicamente sensibles como la de Víctimas del Terrorismo, y de las propias instituciones políticas y sociales no nacionalistas. Es una protesta lógica pero errada. La vigente legislación en materia penitenciaria proclama que la perdida fundamental que padece el penado es la de su libertad; estar confinado durante un tiempo determinado con la pérdida de los derechos fundamentales que eso representa constituye, en la doctrina actual, el castigo fundamental. Y la recuperación del delincuente para la sociedad es el objeto prioritario de la pena. Esa es la situación actual de la política penitenciaria tras el paso por ella del Sr. Belloch. Naturalmente, frente a esa opinión de la "España legal está la de la "España real, que pretende, además de esos benéficos propósitos, defender a la sociedad frente a los infractores de las leyes.