El municipio debería ser el primer baluarte en la defensa de los derechos sociales de sus vecinos. En la actualidad, sin embargo, muchos ayuntamientos han abandonado este rol esencial, transformándose en entidades más próximas a una gestión empresarial que a una administración al servicio de las personas.

Frente a este modelo, urge reivindicar el papel del gobierno local como “ángel guardián” de los derechos sociales, un objetivo irrenunciable para cualquier proyecto político transformador. Esto implica oponerse al conservadurismo institucional que ha convertido a los ayuntamientos en la primera empresa de los pueblos, fomentando un neocaciquismo moderno basado en el control político y la dependencia ciudadana.

Las propuestas restrictivas respecto a la inmigración han sido el caballo de batalla de la derecha radical europea desde los ya lejanos días de Jean-Marie Le Pen. Con una insistencia más o menos acusada según los entables del momento, el rechazo a la llegada masiva de extranjeros ha supuesto para las siglas de esa órbita un fecundo caladero de votos en toda Europa que parece destinado a crecer. A despecho de los partidos hegemónicos tradicionales, la inmigración preocupa seriamente a un porcentaje significativo de votantes europeos que depositan sus papeletas electorales acuciados por una realidad social que perciben con temor e indignación en las calles.

Temor, porque los datos se pueden exponer de tal manera que muestren una vinculación causal entre el aumento de inmigrantes y el aumento de la delincuencia común. Indignación, porque cunde la especie del inmigrante consumidor compulsivo de servicios sociales y receptor ocioso de millones de euros, en forma de ayudas y subsidios, que le permita vivir de la sopa boba y hasta por encima del sufrido trabajador pagador de impuestos. 

El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales o menos está en el centro de la actualidad política y social en España. Mientras algunos abogan por una legislación general, otros defienden que la vía más eficaz y realista es la negociación colectiva. Este artículo analiza las dos posturas, aportando datos y argumentos sobre sus implicaciones económicas.

Después del pasado día 28 de abril, cabe preguntarse si pudo la red eléctrica resistir las fluctuaciones que provocaron el apagón, ¿fue un acto de sabotaje exterior o desde dentro?, ¿somos autosuficientes con energías renovables como la solar, la fotovoltaica y la eólica?, ¿podemos prescindir de la energía nuclear…?

Descartado el hackeo o ciberataque, quedan teorías como si fue algo premeditado por Francia, las compañías eléctricas o si fue un exceso de productividad de la energía solar. España contaba en 1975 con 26 centrales nucleares y tenía en proyecto 41 reactores nucleares, en aquel tiempo la creación de electricidad se conseguía por medio de energía hidráulica de agua embalsada y térmica por medio del carbón y fuelóleo. Actualmente España cuenta con energía hidráulica, centrales de ciclo combinado, energía de parques eólicos, solar y aún cuenta con la energía nuclear de cinco centrales que suman un total de siete reactores en Almaraz (Cáceres), Ascó y Vandellòs II (Tarragona) Cofrentes (Valencia) y Trillo en Guadalajara, contando Almaraz y Ascó con dos reactores cada una.