El ex vice-presidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, ha vuelto a la actualidad periodística a cuenta de un ataque de verborragia volcado en sus redes sociales. En su infatigable lucha contra el fascismo y la extrema derecha se ha dirigido a un conocido activista de derechas en los siguientes términos:

“Soy comunista y puedo cenar en restaurantes que tú no puedes permitirte. Vas de pijo pero te cuelas en clase preferente del AVE (no puedes pagarla). Yo sí puedo pagarme una sala VIP en el aeropuerto, pero tu vídeo es del control de pasaportes. Dame tu móvil y te hago un bizum”.

Uno puede imaginar la ironía de don Julio Anguita: “Pero, a éste, ¿quién le ha dicho que es comunista?” Sin duda, el mismo que otorga ejecutorias “muy de izquierdas” a otros ilustres rojillos de salón.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales o menos está en el centro de la actualidad política y social en España. Mientras algunos abogan por una legislación general, otros defienden que la vía más eficaz y realista es la negociación colectiva. Este artículo analiza las dos posturas, aportando datos y argumentos sobre sus implicaciones económicas.

El municipio debería ser el primer baluarte en la defensa de los derechos sociales de sus vecinos. En la actualidad, sin embargo, muchos ayuntamientos han abandonado este rol esencial, transformándose en entidades más próximas a una gestión empresarial que a una administración al servicio de las personas.

Frente a este modelo, urge reivindicar el papel del gobierno local como “ángel guardián” de los derechos sociales, un objetivo irrenunciable para cualquier proyecto político transformador. Esto implica oponerse al conservadurismo institucional que ha convertido a los ayuntamientos en la primera empresa de los pueblos, fomentando un neocaciquismo moderno basado en el control político y la dependencia ciudadana.

Las propuestas restrictivas respecto a la inmigración han sido el caballo de batalla de la derecha radical europea desde los ya lejanos días de Jean-Marie Le Pen. Con una insistencia más o menos acusada según los entables del momento, el rechazo a la llegada masiva de extranjeros ha supuesto para las siglas de esa órbita un fecundo caladero de votos en toda Europa que parece destinado a crecer. A despecho de los partidos hegemónicos tradicionales, la inmigración preocupa seriamente a un porcentaje significativo de votantes europeos que depositan sus papeletas electorales acuciados por una realidad social que perciben con temor e indignación en las calles.

Temor, porque los datos se pueden exponer de tal manera que muestren una vinculación causal entre el aumento de inmigrantes y el aumento de la delincuencia común. Indignación, porque cunde la especie del inmigrante consumidor compulsivo de servicios sociales y receptor ocioso de millones de euros, en forma de ayudas y subsidios, que le permita vivir de la sopa boba y hasta por encima del sufrido trabajador pagador de impuestos.