Falange Auténtica se hace eco del demoledor documento de la Comisión Europea sobre España, publicado el pasado 26 de febrero: “Informe sobre España 2015, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos” (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_spain_es.pdf).

Sus datos resultan demoledores. Más de 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en 2013; una de las mayores desigualdades en materia de ingresos en 2014; y una brecha de pobreza en dramática progresión desde 2007. Sin embargo, las cifras no pueden tomarnos por sorpresa, pues otros organismos públicos, como la OCDE, y privados, como Cáritas España, ya venían advirtiendo desde lejos de magnitudes en esta misma senda.

El aspecto verdaderamente relevante, y del que nadie parece haber querido hacerse eco, es la vinculación que han establecido las autoridades europeas entre nuestra deficiente política social y el modelo de estructura territorial de España. En los términos estrictos que la cortesía institucional no ha permitido utilizar, Bruselas quiere significar que el “estado de las autonomías” incide como un grave obstáculo para el despliegue de políticas eficaces con destino a la gente común.

Las políticas ultraliberales del Partido Popular continúan con su acoso de lo público. Su último avance ha sido perpetrado en la forma de un Real Decreto, promovido por el ministro Wert el pasado 30 de enero, que toma por objetivo a la Universidad.

Con ocasión de la entrada en vigor del espacio de educación superior europeo, o Plan Bolonia, las carreras universitarias se rediseñaron en nuestro país para ser impartidas como Grados cuatrianuales. Después, algunos de estos Grados habrían de complementarse con un Máster adicional de un año. Aunque sólo en algunos casos esta extensión de estudios tendría carácter obligatorio.

La comunidad educativa recibió con sonoras pitadas el cambio de modelo, alegando el esfuerzo económico adicional que implicaría para las familias de los alumnos. [1] Un lustro más tarde, Wert y su equipo parecerían haberse hecho eco de aquellas protestas al suscribir la necesidad de abaratar la educación superior, ahorrando a las familias unas tasas que frisarían los 150 millones de euros, nada menos.

Este alivio de tensión económica se confía a la minoración de los Grados, que pasarán a durar tres años desde los cuatro actuales.[2] Así, un joven universitario podrá graduarse con un esfuerzo económico menor y acceder con mayor celeridad al mercado de trabajo; con uno o dos años de antelación respecto al modelo vigente hasta enero.

La Unión Europea sigue cosechando las consecuencias de su inicial estrategia de secretismo en la negociación de los términos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, conocido por sus siglas TTIP.

Este acuerdo pretende constituir la culminación de veinticinco años de trabajo, iniciados en 1990 con la denominada Agenda Trasatlántica, lo que da una idea aproximada de la complejidad de su contenido.

La intención de la UE ha sido siempre la de establecer una relación  preferencial con su principal socio comercial americano para conjurar la amenaza competitiva de los países  asiáticos emergentes. En especial, las que encarnan China e India en unas economías de escala donde “el pez grande siempre se come al chico”.

La justificación de fondo del acuerdo es loable: la UE y los EEUU comparten unos estándares en materia de derechos laborales, de los consumidores, medioambientales, sanitarios y fitosanitarios, etc.,  que no son tenidos en cuenta en el modelo de producción asiática. La relación preferencial pretende incentivar estos comportamientos éticos y estos criterios restrictivos en la actividad comercial bilateral.

A punto de cumplirse tres meses del desafío soberanista de la Generalitat de Cataluña contra el Estado español, Falange Auténtica percibe una clara voluntad en el gobierno de Rajoy para dejar impune la grave ofensa infligida por el presidente de esa Comunidad Autónoma al conjunto de los españoles.

En opinión de Falange Auténtica, resulta especialmente significativo que los acontecimientos de aquellas humillantes jornadas hayan tenido como única consecuencia la dimisión del Fiscal General del Estado, un excelente funcionario público caracterizado por su obstinada independencia del poder político.

Como se recordará, Torres-Dulce fue el encargado de suplir la falta de arrojo del gobierno central para enfrentarse a las bravatas de Mas, con la interposición de una serie de querellas que, aunque insuficientes por la magnitud de la afrenta, aparentaban al menos una cierta capacidad de reacción del estado de derecho frente a la involución constitucional pretendida por CiU y ERC en Cataluña.