Todavía no ha transcurrido un año desde que un anónimo abogado español denunciara al Reino de España por corrupción judicial sistemática ante el Departamento de Justicia de la Unión Europea. Nos lo acaba de recordar Diario 16, único medio español aparentemente interesado en este particular.
A pesar de su gravedad el asunto estaba destinado a diluirse dentro del inasible caudal de la actualidad y de la microinformación diaria. Es lo habitual. Pero dos factores han concurrido para que el plazo de caducidad de la noticia haya sido prorrogado: que la Unión Europea tomara muy en serio la demanda y que sus instituciones lleven ya diez meses sin saber muy bien qué hacer con la patata caliente. Tal vez alguien se ha tomado la molestia de traducir a todas las lenguas oficiales de la Unión el viejo aserto español que afirma que, cuando el río suena, agua lleva.
La actuación de este abogado anónimo, tan digno de portar su toga, se mantiene en la línea de una denuncia elevada un mes antes por la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ante el organismo GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), dependiente del Consejo de Europa, por la “corrupción sistemática de Consejo General del Poder Judicial”.