La red escolar sostenida con fondos públicos está integrada por colegios e institutos públicos y por colegios concertados de titularidad privada.

 

Ambos tipos de centros se financian gracias a nuestros impuestos y constituyen una red única que comparte los mismos requisitos de admisión.

 

Parecería lógico pensar que, si los requisitos de admisión son los mismos, la heterogeneidad en la composición del alumnado debería ser similar entre un centro público y otro concertado situado en la misma zona. Todos sabemos que esto no es así y muy especialmente en lo relativo a la escolarización de nuestros conciudadanos inmigrantes. Los centros públicos escolarizan en mucha mayor medida alumnado de origen inmigrante, lo que conduce a una segregación de estos alumnos y también muchas veces de estos centros.

 

El argumento para explicar esta situación suele basarse en la inexistencia, muchas veces interesada, de medios en los colegios concertados para dar respuesta a las condiciones de diversidad que presenta el alumnado inmigrante. Así los programas de educación compensatoria, las aulas de enlace para la inmersión lingüística de los recién llegados o el profesorado especializado se concentra en los centros públicos no asumiendo buena parte de los concertados las exigencias que debería implicar su carácter de centros financiados con cargo al erario público.

Como falangista auténtico, defiendo una red escolar sostenida con fondos públicos que dé una efectiva respuesta a las características de todos los alumnos, ya sean hijos de españoles o de inmigrantes que han llegado a nuestro país a consecuencia de un orden internacional injusto, una red escolar que garantice los derechos y la igualdad de oportunidades para todos.

Convertir a la escuela pública en una escuela de segunda, que acoge masivamente a alumnos con desventaja, ya no sólo económica o de origen, sino también asociada a discapacidad o problemas conductuales, conduce a la creación de guetos que son caldo de cultivo de conflictos y germen de intolerancia o racismo.

Al mismo tiempo no se debería consentir por parte de la ciudadanía el descarado trato de favor de las administraciones hacia centros de titularidad privada que consideran, más o menos veladamente, la educación como negocio y que se sitúan en una posición ventajista frente a los públicos. Debemos reclamar el cese de toda política educativa segregadora, como paso imprescindible en la conquista de un futuro para nuestros niños y jóvenes en el que prime la pluralidad, el respeto al diferente, la tolerancia… bases en definitiva de una sociedad más justa.

Lutecio


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