Eduardo López Pascual

En una prueba más de la insolidaridad del capitalismo como sistema de convivencia, el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo, en una sentencia reciente, promovida por la Alemania de Merkel, ha restringido las ayudas a inmigrantes sin actividad profesional y económica -es decir, a los parados procedentes de países comunitarios-, la posibilidad de conceder ayudas sociales que, básicamente, se refieren a las prestaciones sanitarias. Para mí, supone un terrible golpe a los sectores de población más necesitados y pobres de la sociedad, cualquiera que sea el país donde estén, que -se supone-, no han emigrado por comodidad sino empujados por hambres de pan y de justicia. La inmensa parte de esos ciudadanos, de esas personas, son los marginados del sistema. Y aunque es cierto que suponen una carga aditiva a las económicas de la UE, nadie, ninguna nación o Estado, puede permanecer impasible ante el sufrimiento de quien no tiene trabajo, ni casa, ni medios para subsistir. Es en esas circunstancias cuando se tiene que demostrar, con hechos, la voluntad de ser solidarios y procurar -al menos- que no se mueran de hambre o de enfermedad.

Por Mendelevio.                                                                                       

Los mayores problemas de España no son la ralea de políticos que la han esquilmado los últimos 30 años. Ellos simplemente han agravado los problemas con su incompetencia, sus latrocinios y su traición. España tiene graves problemas morales y materiales. Los morales están relacionados con la pérdida de cualquier valor que nos haga buscar el bien común. Los problemas materiales son la quiebra social y el suicidio demográfico de España.

España está quebrada financieramente, pero es más preocupante su quiebra social. Se dispara la pobreza infantil, algo que debe dar nauseas a cualquier persona de bien. Los últimos datos difundidos por UNICEF dejan en muy mal lugar a España[1].  Cáritas  también ha puesto en evidencia el aumento de la exclusión social:   “El núcleo central de la sociedad española, que llamamos integración plena, es ya una estricta minoría. La población excluida en España representa ya el 25%: más de 11,7 millones de personas. Y lo que es más grave, de ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa” [2]. La reacción de Rajoy ante esos datos no ha sido intentar atajar el problema, sino tratar de evitar que se publicara el informe. Marchamos hacia una sociedad dual de excluidos e integrados a pasos agigantados. Según denuncia OXFAM [3]Intermon España es el segundo país de la Unión Europea con más desigualdad, después de Letonia.

Imagen 1: fuente José Félix Tezanos: La explicación sociológica: una introducción a la sociología (1996)

El INE acaba de hacer públicas las conclusiones de su "Proyección de población para el periodo de 2014 a 2064". Sin paliativos: España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, tendencia que se confirma desde hace décadas.

Hace unos años, cuando ya nos ocupábamos de estas cuestiones, tuvimos ocasión de defender una relación directa entre el drástico descenso de nuestra tasa de natalidad y el modelo económico del capitalismo. En ese imaginario, vivir es consumir y el rango social una derivada del volumen y la calidad de los signos externos de riqueza. Traer hijos al mundo implica una importante detracción de los recursos materiales necesarios para mantener el estatus dispensador del prestigio social; o, cuando menos, la aparente pertenencia a tal estatus. Las consecuencias directas de esta razón dibujan las pirámides invertidas de las estadísticas poblacionales.  

Por Mendelevio.

Rajoy sigue avanzando en la implantación del chavismo en España. Uso aquí el término chavismo con un significado parecido a bonapartismo. Esto es, un régimen dictatorial que mantiene apariencias democráticas (elecciones, derechos formales…) El nuevo paso es blindar a los caciques de la Casta en el poder municipal.

Permitidme hacer un poco de historia de la democracia municipal. Esta se basa en dos pilares: la autonomía financiera y la elección democrática de sus regidores. Desde la Edad Media los municipios gozaban de la autonomía financiera que les daban sus bienes (el propio y del común), pero carecían de democracia. Esa Edad Media idealizada por los manipuladores nacionalistas, era una época en la que las oligarquías copaban los cargos municipales. El mitificado  Consell de Cent de Barcelona es un ejemplo, no de las libertades catalanas sino del control de los asuntos municipales por las oligarquías.

En la Edad Moderna los reyes metieron a sus corregidores en los ayuntamientos, para tener un cierto control sobre éstos. El pueblo llano sólo tuvo una exigua representación en los asuntos municipales, tras amotinarse  en 1766. La rebelión popular consiguió la entrada de los síndicos personeros y diputados del común, aunque realmente poco cambió.

En el siglo XIX los liberales progresistas introdujeron una cierta democracia en los ayuntamientos ya que los vecinos elegirían a sus alcaldes, pero se cargaron la autonomía financiera de los municipios. Expoliaron por la desamortización de Madoz a los ayuntamientos de sus propiedades y la venta de los bienes del común supuso una tragedia para los vecinos más pobres, ocasionando la enajenación de los bienes de propio la quiebra financiera de los municipios. Ese latrocinio debe pesar siempre en el debe de los presuntos progresistas, que bajo ese nombre esconden un grave retroceso en los derechos sociales de los más desfavorecidos.