Por Juan Fº Glez. Tejada
Es cada vez es mas patente el alejamiento del pueblo llano de quienes tienen en sus manos solucionar los problemas, graves y menos graves, con los que cada día se tiene que enfrentar el ciudadano de a pie, además de cumplir con su trabajo diario. Es penoso que, después de realizado el trabajo diario de manera impecable, muchos españoles tengan que afrontar durante las 24 horas del día (porque a muchos les quita el sueño) la preocupación y la zozobra que produce o bien no saber si se podrán afrontar el pago de la hipoteca y los gastos de la manutención de la familia, o bien la incertidumbre en el futuro, a la hora de crear un hogar, de afrontar una vida independiente de los padres, la creación de una familia y el hogar donde forjarla.
A nuestro iluminados gobernantes, hasta ahora, y como ideas fuera de lo común, se les ha ocurrido dar 200 euros para el alquiler y ahora nada más y nada menos que pagar 6.000 euros a los promotores por cada vivienda que saquen en alquiler. Además, nos estamos gastando 600.000 euros diarios para decir que nos gobiernan, es decir se gastan en autobombo cien millones diarios de las antiguas pesetas, que nos cobran de nuestros impuestos, los mismos que se ponen un sueldo, que ellos y sólo ellos acuerdan la cuantía, y que es en el único punto donde todos los colores políticos se unen, como el misterio de la Santísima Trinidad se convierten en uno solo, el color del euro.
Todas estas medidas ni atajan el problema ni favorecen al trabajador, sino que retroalimentan en tiempos de crisis el sistema, y equilibran en tiempos de crisis los ingresos de quienes en los períodos de bonanza económica han hecho negocios basados en la usura y la especulación.
¿No sería más beneficioso para las capas populares, para los sectores más débiles de nuestra economía, que esos recursos se destinasen a políticas efectivas de reducción drástica de los precios de las viviendas? Si esas políticas de verdad pretendieran una justicia social efectiva irían encaminadas a la obtención de suelo para edificación de viviendas a bajos precios, asequibles a los ingresos salariales mensuales de un obrero agrícola, de un administrativo o de un guardia civil. ¿O es que pretendemos dejar sin futuro y esperanzas a estas amplias capas de ciudadanos españoles?
Quien haya leído estas líneas hasta aquí, pudiera estar pensando que cómo se hace eso de conseguir viviendas a 60.000 u 80.000 euros.