Por Medelevio

Llevamos años inmersos en una guerra mundial. No contra el terrorismo. No una guerra militar. Sino una guerra de divisas. China, Estados Unidos y Japón llevan años alentando sus economías con inyecciones monetarias. Inversión y gasto público para reactivar la demanda interna y devaluación de sus divisas para fomentar las exportaciones.

Se puede alegar que a largo plazo estas políticas inflacionistas son suicidas, y que si todos las hacen se anulan los efectos sobre las importaciones. Pero está claro que si la Unión Europea es la única que mantiene la ortodoxia monetaria, se resiente la economía de los países miembros. Desde el estallido de la crisis la Unión Europea y el Banco central Europeo han buscado el equilibrio presupuestario de los estados, evitar la inflación y mantener la pujanza del euro.

El Presidente de Telefónica, César Alierta, se ha erigido estas últimas semanas en portavoz de la oligarquía económica y financiera que manda en España para animar la continuidad del modelo bipartidista.

Se trata de un llamamiento a la pretendida gobernabilidad y estabilidad del país, amenazada por el ascenso de formaciones políticas que, por el momento, quedan fuera del alcance de los mecanismos de control de “los mercados”.

En realidad, es evidente que la sola preocupación de “los amos del cortijo” es conservar un estatus quo  que les ha reportado beneficios ingentes en las últimas décadas, en forma de sucesivas “mejoras de la competitividad y la productividad”.

Se aprecian falsedades en la polémica generada en torno al salario del presidente del Gobierno y de sus ministros. Especialmente, cuando se dice que sus estipendios alcanzan una cuantía menor a la de algunos de sus subordinados.

¿Qué esperaban? Es ésta una técnica de gestión habitual en los nuevos Recursos Humanos inspirados en el neoliberalismo, la ideología suscrita por el partido en el poder. Todas las grandes empresas del entorno capitalista recurren a ella al resultar una ficción casi pareja en rentabilidad a la contratación de becarios con una cualificación sobresaliente.

Parece, por ello, sorprendente que estas mejores prácticas del entorno empresarial levanten suspicacias cuando se aplican en el sector público. Parecería confirmarse así el principio según el cual no hay mejor defensordel liberalismo que quien vive al amparo de una nómina del Estado, al abrigo de las fluctuaciones de los mercados. 

Eduardo López Pascual

En una prueba más de la insolidaridad del capitalismo como sistema de convivencia, el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo, en una sentencia reciente, promovida por la Alemania de Merkel, ha restringido las ayudas a inmigrantes sin actividad profesional y económica -es decir, a los parados procedentes de países comunitarios-, la posibilidad de conceder ayudas sociales que, básicamente, se refieren a las prestaciones sanitarias. Para mí, supone un terrible golpe a los sectores de población más necesitados y pobres de la sociedad, cualquiera que sea el país donde estén, que -se supone-, no han emigrado por comodidad sino empujados por hambres de pan y de justicia. La inmensa parte de esos ciudadanos, de esas personas, son los marginados del sistema. Y aunque es cierto que suponen una carga aditiva a las económicas de la UE, nadie, ninguna nación o Estado, puede permanecer impasible ante el sufrimiento de quien no tiene trabajo, ni casa, ni medios para subsistir. Es en esas circunstancias cuando se tiene que demostrar, con hechos, la voluntad de ser solidarios y procurar -al menos- que no se mueran de hambre o de enfermedad.