El anuncio en los medios de comunicación de los sindicatos CC.OO, UGT y USO, de una convocatoria de huelga de 22 días de duración, por parte del personal de AENA, que incluye fechas tan importantes como, Semana Santa y vacaciones de verano, pone en cuestión, se lleve cabo o no, su legitimidad, tanto en su oportunidad temporal como en su aspecto moral.
De manera formal, el derecho a la huelga es un principio reconocido por nuestro marco jurídico y constitucional para los trabajadores que, teóricamente, hacen uso de ella como recurso de negociación frente a la empresa en defensa de sus derechos. Nada que objetar al respecto, sin embargo una huelga de este tipo, la del personal de AENA, cuya titularidad corresponde al estado, plantea cuestiones que van más allá de lo que es estrictamente legal.
El derecho a la huelga de estos trabajadores públicos, se ve en entredicho, al menos moralmente, cuando su ejercicio afecta al derecho de miles de ciudadanos, y no nos estamos refiriendo únicamente a aquellos afortunados que en una coyuntura económica como la que vivimos pueden viajar de un lugar a otro, sino además, a los españoles que trabajan en el sector turístico, y todos esos otros que pensaban encontrar trabajo en él, aunque sea de manera temporal, y que sin duda verán afectadas negativamente sus esperanzas y perspectivas si finalmente se lleva a efecto la medida.