Si el presidente de una comunidad autónoma descubre indicios de corrupción en el gobierno que le antecedió, ¿qué debería hacer? ¿Acaso piensan ustedes que lo razonable sería ir a los tribunales y presentar una querella? ¿Quizá ordenar la apertura de una investigación?... Parece ser que no: el uso entre nuestra clase política es simplemente guardárselo, para utilizarlo como insinuación, como posible arma política, en un debate parlamentario.
Si un grupo político es aludido como sospechoso de financiación ilegal, ¿qué debería hacer si es inocente? ¿Debería negar de inmediato la mayor y afirmar que no es cierto? Si no tiene nada que ocultar y la acusación es una insidia ¿tendría que ser él quien anuncie, en ese mismo momento y sin temor, una querella o quien pida una investigación? Pues parece ser que tampoco: en este caso el uso es chantajear políticamente con otra cosa diferente, para que el denunciante se calle y no siga por ahí.
