Con ocasión de la convocatoria del Día sin Móvil, el Ministro de Industria, Joan Clos, afirmó que intentaría "refrenar al máximo el uso de su teléfono portátil, en señal de solidaridad con esa iniciativa.

El llamamiento lo habían hecho las asociaciones de consumidores en protesta por la subida de precios puesta en práctica por varias operadoras, que pretenderían así compensar los efectos de la imposición legal de la tarificación por segundos.

¿Se imaginan a la Ministra de Agricultura asistiendo a una tractorada o regalando tomates en la calle para protestar contra los bajos precios que los intermediarios imponen a los agricultores españoles? ¿Sería razonable que la Ministra de Educación secundara una huelga de profesores para protestar por la violencia en las aulas? ¿Qué les parecería haberse encontrado con Pérez Rubalcaba en las manifestaciones pidiendo que no se apliquen beneficios penitenciarios al asesino De Juana Chaos? Si los ministros estuvieran convencidos de la justicia de tales reivindicaciones, ¿no tendrían que hacer algo más, mucho más, que manifestarse o unirse a las protestas ciudadanas? De lo contrario, ¿no estarían usurpando el papel de la sociedad civil y haciendo dejación del que les corresponde como gobernantes?

El asunto De Juana Chaos ha dejado perplejo a una gran mayoria del pueblo español. Las reacciones populares han sido cuantiosas y numerosas. No hay ningunda duda de la gravedad de la decisión del gobierno, una decisión que se puede ajustar a Derecho pero que es moralmente reprobable. La excarcelación de De Juana es una afrenta contra el español de bien, y contra las victimas del terrorismo etarra en general y de Ignacio de Juana Chaos en particular.

Las razones aducidas por el Ministro del Interior para justificar la excarcelación son una muestra más del cinismo imperante. "Razones humanitarias", ha dicho Rubalcaba. Con esa misma tabla de medir también habría que haber acercado todos los presos al País Vasco el funesto y trágico día en el que los etarras segaron la vida de Miguel Angel Blanco porque el gobierno de aquel momento no cedio al chantaje planteado por ETA. ¿No valía tanto la vida de Miguel Angel Blanco como la de De Juana Chaos? ¿No hubieran sido efectivas el mismo tipo de razones humanitarias?

Lo que ocurre es que la supuesta razón humanitaria del gobierno socialista no es más que una torpe y obcecada razón política mantenida contra viento y marea y contra una oposición creciente de la ciudadanía española. El llamado proceso de paz se está convirtiendo en un bochornoso espectaculo de cesiones y chantajes del y al Estado español, es decir, el pueblo español. Por eso España y su democracia están siendo gravemente ofendidas.

José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido la ocurrencia –lo suyo son las ocurrencias, a veces peligrosas- de nombrar Ministro de Justicia a Mariano Fernández Bermejo, el Fiscal que consideró que era "un disparate tratar como terrorismo a la llamada kale borroka -que, por cierto, acaba de cobrarse una víctima mortal- o que tildó de "hipocresía colectiva juzgar a los responsables de los GAL.

Lógicamente, cualquier ciudadano de a pie está en su perfecto derecho de considerar que el Estado no tiene que articular instrumentos legales para luchar contra un fenómeno, el de la violencia callejera, destinado a coadyuvar a los fines de una banda terrorista, mediante la destrucción del mobiliario urbano y los ataques con tácticas de guerrilla urbana a personas y bienes. Pero lo que no parece muy razonable es que a ese ciudadano se le nombre Ministro de Justicia.

Ésta podría ser la expresión sorprendida de un buen número de españoles estos días. El domingo se sometió a referéndum en Andalucía el nuevo estatuto de autonomía de esa región. Y un montón de gente casi ni se había enterado. Entre ellos, muchos andaluces, que seguro que si lo sabían parecen no haberse querido enterar, si es que algo significa que de 6.045.560 posibles votantes, 3.852.063, es decir el 63,72 % ni siquiera se ha molestado en ir. 20.966, un 3,28 %, fueron para emitir un voto nulo y sólo acudieron a emitir su voto, es decir a expresar su opción diferente al voto nulo, el 33 % de los llamados a las urnas, 2.193.497 andaluces.